El primero de enero de 1959 marcó un antes y un después en esta pequeña isla antillana; el pobre, humilde, el desposeído y el marginado encontrarían abrigo y cobijo en la voluntad de un Estado que volcaría esfuerzo y dedicación en beneficio de tantos, “muchos”, que hasta ese entonces fueron olvidados. Con el actuar revolucionario, muchas fueron las transformaciones que se sucedieron a lo largo y ancho de nuestro país, dentro de ellas, ocupó un lugar preponderante la protección y cuidado a la mujer.
Con el paso de los años las mujeres han ido escalando peldaños en el reconocimiento de sus derechos, lo que ha posibilitado que en la actualidad se les pueda encontrar en todos los frentes desempeñando y ocupando importantes posiciones.
Con la constitución en Cuba de la Federación de Mujeres Cubanas en 1960, se crearon las condiciones para favorecer la incorporación de la mujer al trabajo, no solo como una necesidad económica y social, sino como un punto de partida para lograr la igualdad de derechos y oportunidades.
El Estado cubano implementó programas y políticas públicas dirigidas a garantizar y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y ancianos. Para ello, estructuró su ordenamiento jurídico y creó las instituciones capaces de garantizar el cumplimiento de estas políticas, lo que ha permitido a la mujer irrumpir en el mundo laboral, educacional, científico, económico, político y social en igualdad de condiciones. La intensidad de los cambios en la vida de la mujer en las últimas seis décadas, ha sido tan impresionante que no es casual que la temática femenina en Cuba despierte el interés entre los historiadores, sociólogos, periodistas, narradores y público en general de todo el mundo.
La Federación de Mujeres Cubanas, como organización rectora de las políticas hacia las mujeres, ha sido un puntal decisivo en cuanto a iniciativas, proposiciones y materialización de importantes leyes para su beneficio y el de las familias, con un enfoque de género. Surge además con el objetivo de elevar el nivel ideológico, político, cultural y científico de las mujeres, para incorporarlas masivamente al proceso de construcción de la nueva sociedad.
La voluntad política del Estado cubano, dirigida a fomentar la protección de los derechos de la mujer y su adecuado reconocimiento en las diferentes esferas de la vida, se evidencia en la Constitución de la República promulgada en el año 2019 donde se destaca el desarrollo de una amplia gama de derechos a tono con los instrumentos internacionales de los que en esta materia Cuba es parte, estableciendo como presupuestos para su disfrute a la dignidad humana como valor supremo, la ciudadanía efectiva, la igualdad de derechos y deberes, la no discriminación, la progresividad y la limitación de su ejercicio a partir del disfrute de los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general y el respeto al orden público, la Constitución y las Leyes.
En el artículo 43 de la propia Carta Magna se establece que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito, y establece la obligación del Estado de garantizar que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades, propiciando el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social.
En correspondencia con ello, mediante el Decreto Presidencial No. 198 de 2021: “Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres”, se pretende, como objetivo fundamental, continuar promoviendo el avance de las cubanas en medio de las actuales transformaciones, profundizar en los factores objetivos y subjetivos que, como expresiones de discriminación, persisten en nuestra sociedad y que inciden en mayores resultados en lo económico, político, social y familiar, a fin de su eliminación, sin que se produzcan retrocesos en lo hasta ahora logrado.
En cumplimiento del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, se identificaron como aspectos fundamentales a desarrollar y actualizar, la prevención, enfrentamiento y protección a las víctimas. Se elaboró un plan de acción para dar respuesta a las áreas de especial prioridad y las medidas diseñadas en el mencionado Decreto Presidencial, y se constituyó en nuestro órgano el Comité de Género, mediante la Resolución No. 32 de 2021 de la Fiscal General de la República, la que implementó dicho Programa Nacional en la Fiscalía General de la República (FGR), para continuar impulsando el avance de las mujeres, la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades, refrendados en la Constitución de la República de Cuba, así como velar y exigir por la eliminación de todo tipo de expresiones de discriminación, que persisten en la sociedad cubana y obstaculizan un mayor resultado en lo económico, político, social y familiar, en cumplimiento de la misión constitucional asignada al órgano, normativa que fue actualizada en cuanto a los integrantes del Comité de Género y plan de acción, mediante la Resolución No. 20 de 2023 de la Fiscal General de la República.
En medio de ese contexto, la Fiscalía General de la República, en cumplimiento de su misión constitucional, respaldada en la Ley No.160 de 2022, ha perfeccionado el sistema de trabajo que permite evaluar la actuación del órgano en función de priorizar la prevención y el enfrentamiento a los hechos en los que se emplee la violencia contra las mujeres y contribuir a la severidad de la respuesta penal, a partir del seguimiento y evaluación sistemáticos de los hechos que en el orden penal tributan a la violencia de género.
Para la atención diferenciada de estas situaciones, la Dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales brinda seguimiento a las cuestiones vinculadas con la familia, la discriminación por razón de género, color de la piel u otras, y los procesos que se ventilan en sede judicial vinculados con los derechos de los menores de edad y los que se generan por el procedimiento familiar.
Para su materialización práctica y lograr adelantos en la protección de los derechos de la mujer, se ha mantenido la atención que se brinda en las sedes de nuestro órgano de forma presencial, la recepción de escritos a través del correo postal y electrónico, el portal web de nuestro órgano, la entrega personal de documentos, el buzón, y a través de la interacción en las redes sociales, lo que permite dar respuesta a los planteamientos, identificar las violaciones de la legalidad y accionar contra estas, además de orientar sobre la forma de hacer efectivos los derechos que le son vulnerados.
De forma particular, la vía telefónica, con servicio habilitado durante las 24 horas por personal técnico capacitado, ha sido utilizada para la recepción de planteamientos y denuncias vinculados con actos de violencia y limitación de derechos de las mujeres, garantizando el cumplimiento de las diversas normativas que tributan a la protección integral de sus derechos.
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