RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN 2024 Y PROYECCIONES PARA 2025.
“Estamos viviendo a escala global un escenario internacional peligrosamente convulso, marcado por guerras en curso y amenazas de guerra, con efectos económicos de los cuales Cuba no escapa”, expresó el Primer Secretario del CCPCC y Presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, en el discurso de clausura del IX Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el 13 de diciembre de 2024.
Esos efectos, agravados por el genocida bloqueo contra nuestro país, mantienen presión en la sociedad cubana, con incremento en la complejidad de la actividad delictiva y otros fenómenos, que demandaron de los jefes, fiscales y trabajadores que aseguran la gestión de la Fiscalía General de la República mayor rigor en el cumplimiento de la misión, en el acompañamiento a las tareas llevadas adelante por el Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, enfrentar las actividades delictivas, conductas antisociales, la corrupción, ilegalidades, indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos, con incidencia en la seguridad, la tranquilidad ciudadana y el orden interior.
Asimismo, se desplegaron acciones para enfrentar las consecuencias de los eventos climatológicos, sismos y las contingencias del sistema electroenergético nacional. Retos que afrontó el órgano con las reservas existentes en los colectivos, la experiencia, abnegación y compromiso.
La gestión de los recursos humanos se realizó con observancia de las tareas y funciones específicas que incorporan al órgano la reforma legislativa del país, la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad con enfoque a procesos y la determinación de los perfiles de competencia de los cargos.
La contratación de estudiantes de curso diurno y por encuentros, jubilados y trabajadores en la modalidad de pluriempleo, el incremento de la aplicación de estas políticas de empleo, además del estudio de carreras universitarias por los que vencieron el nivel medio; la demanda, asignación, e incorporación de graduados, la ubicación adelantada de estos, el cumplimiento del servicio social y el ingreso de trabajadores provenientes de otras entidades permitió cerrar el año con un mayor número de procesos de ingreso, al diversificar la procedencia de los aspirantes.
Constituyen potenciales fuentes de ingreso los 219 trabajadores que estudian carreras universitarias, de ellos 184 de licenciatura en Derecho y 35 de otras carreras, como Contabilidad y Finanzas y Psicología.
Los cargos de cuadros y decisorios se mantuvieron con elevados niveles de completamiento. El 88% superan los cinco años de experiencia profesional, las mujeres ocupan el 80% de estos.
La implementación de la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Fiscalía General de la República para el período 2022-2026, dio continuidad a la preparación y superación profesional, formación académica de posgrado e investigaciones y ha contribuido al desarrollo de las acciones de capacitación con la combinación de los conocimientos derivados de la doctrina del derecho y la práctica en la aplicación de la legislación vigente.
Fueron ejecutadas 635 acciones de preparación y superación, con la participación del 96% de trabajadores, dirigidas fundamentalmente a los procesos claves, destaca mayor utilización de expertos, fiscales de experiencia y jefes de departamentos provinciales en las supervisiones realizadas, como método de preparación.
Se concedió prioridad al entrenamiento de ocho fiscales jefes que son reserva de cargos principales de dirección a nivel nacional y provincial. En la superación de los cuadros destaca la participación en diplomados, maestrías y especialidades vinculadas a Estudios Sociopolíticos, Ciencias Penales y Forenses, Criminología, Constitucional y Derecho Administrativo, Administración Pública y Empresarial, Derecho Económico y en Dirección, así como en Defensa y Seguridad Nacional.
En el año se consolidaron los vínculos con las universidades y otros centros de Educación Superior, con nexos de trabajo, orientados hacia actividades conjuntas en la formación de pregrado, posgrado, académicas y científicas, y el desarrollo de acciones con las facultades de Derecho, Comunicación, Economía, Contabilidad, los Centros de Estudios de Técnicas de Dirección y de Administración Pública.
Todas las provincias cuentan con la certificación del MINED que las acredita como Centro de Producción Docente; así como la condición de Unidad Docente, otorgada por los rectores de las universidades.
Profesores de la carrera de Derecho del país participan como expertos en el programa sectorial de investigación aprobado a la Fiscalía General de la República por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Están categorizados 270 profesionales que imparten docencia en la enseñanza superior, el diplomado de Formación para el Ejercicio de las Funciones del Fiscal y en las carreras de Técnico Medio y Técnico Superior en Asistencia Jurídica.
Se realizaron 217 ejercicios jurídicos integradores, con la participación 3 mil 088 estudiantes, 147 prácticas preprofesionales, en las que se vincularon 1688 estudiantes de Derecho, Comunicación Social, Ciencias de la Información y técnicos medios, con atención al cumplimiento de los objetivos, transmisión de experiencias y habilidades en los perfiles ocupacionales que tendrán una vez graduados. En 547 tareas de impacto y de connotación social intervinieron 1600 estudiantes.
La Fiscalía cuenta con un potencial científico de 574 graduados, 401 de especialidades, 161 en maestrías y 12 doctores. En el año 2024 culminaron los estudios 31 profesionales, se encuentran estudiando 144. Tuvo seguimiento la estrategia de formación doctoral aprobada para el período 2023-2028, que integran 161 compañeros, el 96% son fiscales.
La reserva científica está compuesta por 147 miembros, el 64% son fiscales, 23% cuadros de dirección, 26,4% graduados con Título de Oro, 88% jóvenes menores de 35 años y 35% estudiantes universitarios.
En coordinación con la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y el coauspicio de la Universidad de la Fiscalía General de la Federación de Rusia y las Fiscalías de Venezuela, Bolivia, China y Viet Nam, se encuentra en fase de culminación un programa académico propio de carácter nacional.
Se mantienen vínculos con órganos homólogos de diversos países; la Fiscalía cubana continúa ocupando la vicepresidencia para América del Norte y el Caribe de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
Fiscales seleccionados participaron en acciones de superación en el exterior, entre ellas los cursos de recalificación en la Universidad de la Fiscalía de Rusia y sobre protección de los derechos de las personas trabajadoras en Colombia, talleres de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en Suiza y sobre enfrentamiento a delitos asociados al lavado de activos y drogas en Vietnam, seminario sobre crecimiento inclusivo y reducción sustentable de la pobreza para países en desarrollo en China, entre otras de importancia.
La Fiscalía mantuvo participación en redes y grupos de contacto, entre ellos la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, Grupo de Trabajo de Seguridad y Salud de los Trabajadores, Red Especializada en Género, Red de Cooperación Penal Internacional.
En el año se intensificó la promoción y aseguramiento del XVI Encuentro Internacional Ciencias Penales y IV Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que tendrá lugar en marzo de 2025.
La ejecución del presupuesto se cumplió al 92%, con prioridad para los gastos fundamentales que aseguraron la vitalidad de la Fiscalía y el cumplimiento de las principales actividades y tareas planificadas para el periodo, entre las que se resultaron significativas las 4 mil 306 supervisiones, 52 inspecciones integrales y 33 auditorías internas.
El control y la supervisión permitió comprobar el cumplimiento de la misión e identificaron de las principales dificultades en las unidades organizativas, actividades en que como método se “enseñó haciendo” con el asesoramiento directo a fiscales ejecutores y utilización de fiscales expertos; fueron objetivos permanentes el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la rendición de cuenta a la ANPP y la supervisión realizada a los procesos penales por su Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Las actividades de atención y estimulación tuvieron mayor alcance y efecto positivo, la estimulación moral con entrega de reconocimientos individuales y colectivos de organizaciones de masas y políticas continuó siendo relevante en el año del 51 aniversario de la Fiscalía General de la República. Recibieron 2 trabajadores la Medalla “Abel Santamaría”, 3 la Orden “Ana Betancourt”, 2 la Distinción “23 de agosto” y 31 la Distinción “Enrique Hart”. La condición de Colectivo Distinguido Nacional se le otorgó a Pinar del Río, La Habana, Sancti Spíritus, Holguín y tres en Granma, la Bandera de Honor de la UJC a un colectivo juvenil en Sancti Spíritus. Distinción 66 Aniversario del Triunfo de la Revolución a Granma y La Habana, a este último también se le entregó la Bandera Proeza Laboral.
Fueron elegidos varios delegados a eventos nacionales: dos de forma directa al XXII Congreso de la CTC, uno en el órgano central y otro en Sancti Spíritus; cinco al Congreso de la UJC -tres de manera directa en el órgano central, Artemisa y Holguín-; dos al Festival de la Juventud en Rusia; siete delegadas al Congreso de la FMC.
Tuvieron continuidad los intercambios con los diputados a los distintos niveles, los cuales participaron en 529 actividades. El mayor número en Mayabeque, Artemisa, Matanzas, Holguín, Villa Clara y Santiago de Cuba.
CONTROL DE LA INVESTIGACIÓN PENAL Y EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA.
Con la reforma procesal penal la Fiscalía asumió mayor responsabilidad y protagonismo en la fase investigativa, que exige permanentemente acciones organizativas, metodológicas, de capacitación y supervisión, fomentar habilidades, y contribuir a la preparación conjunta con los investigadores.
La implementación de las proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, de las directivas generales dirigidas a la prevención y reducción del delito, la corrupción, ilegalidades y las indisciplinas sociales, requirió de precisiones de política penal y penitenciaria, dirigidas a:
• Aplicar una política de severidad en correspondencia con las actuales circunstancias del país, prestando especial atención a la tramitación con celeridad de los procesos penales, con énfasis en hechos relacionados con las prioridades, entre otros que afectan el orden económico nacional y la tranquilidad ciudadana.
• Imponer la medida cautelar de prisión provisional a imputados, en particular a reincidentes y multirreincidentes, y a otros donde sea necesaria su imposición. Los fiscales aplicaron la prisión provisional al 74 % de los imputados presentados por los órganos de investigación del Ministerio del Interior. En números superiores se dispuso en hechos de proxenetismo; drogas; muerte violenta de mujeres por razones de género; asociados a la corrupción; combustible; medicamentos; los que afectaron la masa ganadera y el sistema electroenergético nacional.
• Solicitud de sanciones principales y accesorias caracterizadas por su severidad, principalmente la de privación de libertad y trabajo correccional con internamiento. El 92% de las sanciones solicitadas en los escritos acusatorios implicaron internamiento de los imputados, al total de los casos relacionados con la muerte de mujeres por razones de género se les interesó la privación de libertad.
• Actuar con rigor en la política penitenciaria y comprobar en las entidades empleadoras el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los sancionados que reciben los beneficios de libertad anticipada.
Para asegurar la calidad del proceso penal los fiscales realizaron 148 mil 211 controles a la investigación, participaron en 10 mil 210 acciones de instrucción y autorizaron la práctica de 2 mil 156 diligencias, entre ellas técnicas especiales de investigación, toma de muestras, entrada y registro domiciliario y acceso a la correspondencia.
En correspondencia con los requisitos establecidos en la ley, los fiscales aplicaron 2 mil 842 criterios de oportunidad en delitos cometidos por imprudencia o en intencionales con marco sancionador que no excediera de cinco años de privación de libertad, además aprobaron la imposición de 7 mil 515 multas penales administrativas, y 3 mil 539 criterios de oportunidad conjuntamente con multa penal, que constituyen respuesta penal. En la fase preparatoria las conclusiones provisionales representaron el 73% de las decisiones procesales.
La Fiscalía dio continuidad a las medidas organizativas y de aseguramiento adoptadas en etapas anteriores, dirigidas a la reorganización de las fuerzas para la atención de fiscales a los procesos penales, garantizando que el 35% se concentrara de manera permanente en dicha prioridad, el fortalecimiento de la preparación de jefes y fiscales a cargo de los procesos penales desde el órgano central hasta el municipio, la actualización del “Procedimiento para el trabajo del Fiscal en los procesos penales”, que permite la actuación uniforme en el cumplimiento de sus atribuciones; con la implementación de instrucciones del Tribunal Supremo Popular para la interpretación de la ley.
También, el incremento de la labor metodológica de la dirección de Procesos Penales y departamentos provinciales, el trabajo de fiscales expertos seleccionados para los procesos de complejidad, quienes se mantienen contribuyendo a la capacitación en el puesto de trabajo de los más jóvenes.
Se mantuvo permanente presencia en La Habana lo que ha contribuido al seguimiento de los procesos en visitas a los órganos de investigación y análisis de resultados, evaluaciones de la actuación en juicio oral, revisión de asuntos priorizados. Continuó la labor del Contingente “Che Guevara” integrado por fiscales seleccionados de provincias que, como parte de su preparación, asumen el proceso penal de Playa, San Miguel del Padrón, Regla, Diez de Octubre y Arroyo Naranjo. Además, fuerzas de Artemisa y Mayabeque continúan con el control y despacho de expedientes de fase preparatoria.
CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES.
Se consolidan los sistemas de trabajo para el control, seguimiento y evaluación de la calidad y celeridad de la atención y tramitación de quejas, peticiones y denuncias de las personas, con énfasis las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, menores de edad, privados de libertad, mujeres, adultos mayores y afectadas por cualquier forma de discriminación, violencia basada en género y en el escenario familiar, y por hechos asociados a la corrupción.
Fueron atendidas 70 mil 381 personas, el 77 % fue de forma personal y el 12 % mediante vías informáticas -portal web, correo electrónico, apk Civix, Bienestar, redes sociales y línea única-.
Los temas relacionados con procesos penales representan el 46% de la atención y el 53% de las quejas, manteniéndose planteamientos asociados al aseguramiento de imputados y términos de investigaciones. Incrementan al 11% los asuntos relacionados con la materia familiar.
El 96% de las 8 mil 399 reclamaciones tramitadas, se hizo en término. Fue notificada de forma personal la respuesta en el 99% de los casos. Se mantuvo el decrecimiento de las impugnaciones a los pronunciamientos, de las tramitadas fueron revocadas el 3%.
En cumplimiento de las funciones de los fiscales para la protección de las personas realizaron 2 mil 168 visitas de control de la legalidad a escuelas de formación integral, de conducta, círculos infantiles mixtos y hogares de niños sin amparo parental, centros de evaluación de menores y de protección social, hogares y casas de abuelos y a comunidades complejas.
Sobre personas menores de edad evaluaron las estrategias conjuntas para su atención, con el MININT y el MINED, controlaron el cumplimiento de las medidas adoptadas por los Consejos de Atención y la protección a los menores víctimas de delitos y de situaciones de vulnerabilidad.
Constituyó prioridad la atención a la violencia de género y en el escenario familiar, en trabajo conjunto con la FMC, se profundizó en la evaluación multilateral de los casos y la preparación de las fuerzas. A lo interno se ha fortalecido el funcionamiento de los Comités de Género en el país con acciones para la protección de las trabajadoras, especialmente madres y embarazadas; fueron implementadas las normas dirigidas a la prevención y enfrentamiento a hechos de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral.
En establecimientos penitenciarios y centros de detención se realizaron inspecciones en equipos de trabajo. Durante su ejecución se entrevistaron reclusos, el 84% de manera individual y se revisaron expedientes legales. Fue comprobado el cumplimiento de las obligaciones por entidades empleadoras sobre los sancionados beneficiados con excarcelación anticipada.
De conformidad con las directivas aprobadas en el año se concluyeron 346 verificaciones fiscales, las que contaron con información preliminar y se dirigieron a sectores priorizados del país.
Se significan las ejecutadas en Oficinas de Registro de Consumidores; direcciones municipales de Vivienda sobre las normas para el otorgamiento de subsidios a personas naturales en situación de vulnerabilidad; al proceso de control, uso y destino de las materias primas y productos terminados en entidades del grupo empresarial de la Industria Alimentaria; a las normas y procedimientos que regulan la distribución, control y uso del combustible en entidades altas consumidoras, del sistema empresarial de los ministerios de Transporte y la Construcción, así como de los órganos locales del Poder Popular; al cumplimiento de las políticas sociales relacionadas con el control, uso y destino de los recursos materiales que el Estado dispone para garantizar la atención a personas vulnerables y las dirigidas a la comprobación de la observancia de las normas jurídicas aprobadas por el Gobierno para la eliminación de distorsiones y reimpulsar la economía, en entidades estatales y formas de gestión no estatal en las actividades de producción industrial, comercialización de alimentos, bebidas y prestación de servicios.
Los fiscales emitieron 477 resoluciones y 24 informes, con mil 894 infracciones comprobadas y mil 880 responsables entre cuadros, funcionarios y trabajadores. Identificaron factores que favorecieron las violaciones de la legalidad.
Derivados de estas acciones de control se iniciaron 104 procesos penales por delitos de malversación, falsificación de documentos, uso indebido de recursos financieros y materiales, apropiación indebida, incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas; sobre los que se mantiene seguimiento hasta su conclusión.
Intensa labor se desarrolló en los procesos jurisdiccionales no penales y derivados del Código de las Familias, a partir de las modificaciones en las funciones y participación de los fiscales, los que actuaron en 9 mil 122 procesos judiciales civiles y de familia e intervinieron en 10 mil 075 audiencias convocadas por los Tribunales.
En procesos administrativos el fiscal participó en 238 audiencias, en materia mercantil 44 y del Trabajo y Seguridad Social en 23. Dictaminaron 2 mil 293 asuntos que se tramitan por la jurisdicción voluntaria y 998 en sede notarial.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
Se aprobó el “Programa de desarrollo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, transformación digital y ciberseguridad en la Fiscalía General de la República para el período 2024-2028”, que contiene los elementos establecidos por el país sobre la Política para la Transformación Digital, la Agenda Digital Cubana y la Estrategia para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial.
Uno de los objetivos generales a alcanzar es el cumplimiento de las acciones trazadas de acuerdo a los ejes estratégicos, siendo prioridad las previstas para lograr el empleo de métodos de Inteligencia Artificial (IA), en los procesos de trabajo.
Entre las potencialidades resaltan que son gestionadas mediante aplicaciones informáticas, actividades fundamentales de trabajo, diseñado el sistema de gestión documental y de archivos, que integra la información ordinaria, clasificada y la que se genera en el ámbito digital, un procedimiento para la identificación, análisis, evaluación tratamiento, revisión, y documentación de riesgos a partir de la triangulación de tres normas técnicas ISO; 1500 usuarios contratados con firma digital.
Como parte de la implementación de Ley de Comunicación Social, se impartió un curso de posgrado en la escuela ramal del Instituto -con el que se firmó un convenio de trabajo- para los comunicadores del órgano, con temas de actualidad en los ámbitos de la comunicación social, rigores para la interacción en el ciberespacio, que contó con expertos de este centro, del MINREX, FCOM, ACCS y el Consejo de la Marca País.
Continúa el perfeccionamiento en el ámbito organizacional que permite asegurar la ejecución de 26 mil 675 acciones de comunicación en los espacios públicos, físico y digital, de ellas el 46,5 % con el público interno y 53,5 % con el externo; más 30 audiovisuales de apoyo para actividades.
La explotación del portal web se ajusta a los indicadores de evaluación del Observatorio de Gobierno Digital, incrementan las visitas nacionales e internacionales con 207 mil 456 (+42091), como promedio 17 mil 288 mensuales, desde 115 países.
Aumenta el alcance de la página en Facebook, seguidores en X, Instagram, Telegram, Youtube, Picta y WhatsApp con un canal de reciente creación. La cuenta en X, principal escenario de combate político, supera los 41 mil seguidores.
En el ámbito mediático se participó en 719 espacios, con intervención de 635 fiscales y otros especialistas. Las provincias y varios municipios tienen secciones fijas a las que se unen la participación en Haciendo Radio y el programa Hacemos Cuba.
La diversificación de contenidos en intranet, con más de 2 mil textos, boletines y noticias de provincias y municipios sobre el quehacer de los territorios y la Edición de la Revista “Legalidad, Derecho y Sociedad”, correspondiente a la pasada reunión anual del órgano y el XV Encuentro Internacional Ciencias Penales y III Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, son resultados de esta etapa.
En el ámbito comunitario, en los municipios se abordaron temas jurídicos y de valores, con estudiantes de las enseñanzas básica, media y superior, en comunidades con determinadas situaciones de vulnerabilidad y en los centros de protección social y acogida de menores de edad y adultos mayores, como parte del plan de acciones de prevención social y comunicación que desarrolla el órgano en cumplimiento de objetivos de trabajo.
Se recibió la autorización del Consejo Nacional de la Marca País para su uso en evento internacional Ciencias Penales y en materiales, documentos y otros productos de empleo institucional.
La preparación para la defensa es prioridad bajo la premisa de que prepararnos para la guerra equivale a ganarla, como nos ha enseñado el General de Ejército, Raúl Castro Ruz.
Las cuatro prioridades definidas en el IX Pleno del CCPCC, dirigidas al fortalecimiento de la unidad, el perfeccionamiento de la labor ideológica, aseguramiento político a las medidas económicas, y el enfrentamiento a las tendencias negativas presentes en la sociedad se incorporan al quehacer del órgano al constituir una necesidad, ante los complejos escenarios que vaticinan el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país y la región.
En su carta Vindicación de Cuba, el Héroe Nacional José Martí afirmó que “no somos los cubanos ese pueblo de vagabundos míseros o pigmeos inmorales (…) hemos peleado como hombres, y algunas veces como gigantes, para ser libres (…) sólo con la vida cesará entre nosotros la batalla por la libertad”.
No obstante lo presentado, se identifican insuficiencias que impactan en la calidad del cumplimiento de la misión del órgano, en las que se concentran las prioridades en el 2025, conscientes de que podemos hacer nuestro trabajo integralmente, aprovechándolas reservas de los colectivos, con la experiencia, abnegación y compromiso que nos caracteriza.
Las proyecciones para el 2025 están dirigidas a:
1. Fortalecer las acciones para la gestión del capital humano, su completamiento y permanencia, profundizando en el trabajo político ideológico y cumplimiento de la ética.
2. Mantener el trabajo integral y control del cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y los señalamientos de la fiscalización a los procesos penales por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
3. Mantener y perfeccionar las acciones conjuntas con el MININT para disminuir los términos de tramitación de los procesos penales, elevar la calidad del control y el ejercicio de la acción penal.
4. Mantener el control del cumplimiento de las acciones que le corresponden a la Fiscalía, derivadas de la implementación de las previstas por el Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
5. En los procesos claves relacionados con el control de la legalidad, atender el cumplimiento de los términos, profundidad de las investigaciones, fundamentación jurídica de escritos, reacción fiscal para el restablecimiento de la legalidad, la protección integral de los derechos y garantías de las personas, así como a la actuación en sedes judiciales.
6. Lograr la utilización de la producción teórica sobre temas de complejidad abordados en estudios de posgrado y doctorados del órgano, referenciando este conocimiento científico en bases de datos, que ahorren tiempo y recursos humanos en la implementación de las soluciones a los problemas del ejercicio de la función fiscal.
7. Fortalecer la concepción de la supervisión y el control como proceso de trabajo que se inicia en la proyección anual y culmina con la solución de las deficiencias detectadas, y en el papel de los jefes en los diferentes niveles de dirección.
8. Mantener las acciones que permitan la disponibilidad del equipamiento informático y los medios necesarios para el trabajo en los territorios, así
como continuar elevando la percepción de riesgo de los usuarios sobre el cumplimiento de las medidas de ciberseguridad.
9. Asegurar las acciones de comunicación en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, de acuerdo a la misión de la Fiscalía, para contribuir a la educación jurídica del pueblo, influir en la prevención y el rechazo a las conductas delictivas, de corrupción, asociadas a ilegalidades e indisciplinas sociales, y generar mayor respaldo a las acciones de enfrentamiento que ejecuta el país.
10. Asegurar la incorporación en los sistemas de trabajo de la Fiscalía, de acuerdo a las funciones del órgano, de las acciones dirigidas al cumplimiento de las cuatro prioridades establecidas por el Partido: fortalecimiento de la unidad, perfeccionamiento de la labor ideológica, aseguramiento político a las medidas económicas, y el enfrentamiento a las tendencias negativas presentes en la sociedad.
11. Continuar atendiendo con prioridad la preparación para la defensa.
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA
FEBRERO 2025
