Por: Yalizet Núñez Llano, Fiscal Jefa Provincial de Cienfuegos
La Fiscalía General de la República como órgano del Estado al que compete ejercer el control de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública en su representación, así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, entidades y por los ciudadanos, desarrolla sus funciones en un contexto en que adquiere mayor significación la categoría Estado de Derecho, dada su inclusión en la nueva Constitución. Ello implica un apego irrestricto al marco de actuación previsto en las leyes y demás disposiciones pero contemplando un escenario que no permanece estático y por ende, la respuesta a las problemáticas planteadas deberá guardar correspondencia con cada situación.
El desarrollo alcanzado por el Estado cubano demanda el mejoramiento de la gestión de los órganos que, como la Fiscalía, lo representan en el cumplimiento de determinadas funcionespara enfrentar con mayor eficiencia la encomienda constitucional asignada, que se patentiza en el Lineamiento número 274 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución que exhorta a: “Continuar el perfeccionamiento del sistema de justicia en todos sus ámbitos y de sus órganos, organismos y organizaciones que lo integran o le tributan, consolidando la seguridad jurídica,la protección de los derechos ciudadanos, la institucionalidad, la disciplina social y el orden interior”.1 El artículo 94 de la vigente Carta Magna dispone que toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo. El debido procesoes un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos que posee una persona según la ley.
Es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas. La seguridad jurídica en su expresión hacia el ámbito interno se manifiesta en el sentido de regular las garantías jurídicas, es decir los medios y métodos jurídicos que en determinado contexto social resultan idóneos para asegurar y proteger al individuo y a las instituciones, en ocasión de satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Como se puede apreciar el concepto de seguridad jurídicaestá indisolublemente relacionado con la materialización del Derecho y el ejercicio pleno de la justicia. Se basaen la certeza y es la garantía confianza, seguridad y certidumbre dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados y que si ello ocurriera contará con las vías para que les sean reparados o restituidos.
La Fiscalía en el cumplimiento del mandato que le encomienda la Constitución, referido al control de la legalidad, debe procurar que exista armonía entre la defensa de los intereses públicos y el respeto y garantía de los derechos de las personas.Esta función genera un compromiso social y expresa la necesidad de una mirada introspectiva en el nuevo camino planteado por la Constitución, que constituye una ruta viable por la que pueden transitar los ciudadanos, pero es a su vezun desafío a la actuación ética, profesional y comprometida de quienes, como promoventes o decisores, intervienen en el ejercicio del Derecho.
