El 27 de agosto último, presidido por Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República sesionó el Consejo de Dirección Ordinario del órgano en el que se evaluaron, entre otros temas: la ejecución del presupuesto, portadores energéticos, el cumplimiento de los objetivos de trabajo y criterios de medida, el estado de la ejecución de las resoluciones confiscatorias dictadas por el sistema de la Vivienda y la Agricultura por aplicación del Decreto Ley No. 232/2003 y la efectividad de las acciones de control (supervisiones, inspecciones integrales y auditorías internas) realizadas por el órgano durante los primeros cinco meses del año.
La Fiscal General en el inicio de esta reunión de trabajo realizó precisiones sobre las principales tareas a desarrollar por el órgano y el país en los cuatro meses restantes para concluir el 2024, en una etapa que demanda continuar asegurando la preparación de nuestra fuerza, el rigor en el control de los procesos para asegurar calidad en los resultados de nuestra gestión. Septiembre, con el inicio de las actividades docentes, constituye una prioridad para el desarrollo de las puertas abiertas, la formación vocacional y profesional que permita mayor completamiento y permanencia en la Fiscalía. Instó a evaluar las oportunidades de superación, a partir de la ejecución de acciones derivadas de los convenios de colaboración con diversas instituciones y organismos del Gobierno.
La Dirección de Economía presentó la evaluación de la ejecución del plan y presupuesto para el periodo, en los que se abordó la disponibilidad financiera, la situación de cobros y pagos, el control de inventarios y los gastos fundamentales, con las precisiones por cada provincia y el órgano central. Se alcanza el 97 % de ejecución. El análisis del gasto de personal y otros gastos que aseguran la mejora de las condiciones de trabajo, se examinó detalladamente. Mantener el estricto control al cumplimiento de las medidas para el ahorro y uso racional de los portadores energéticos, fue precisado por la Fiscal General.
En este espacio fue presentado el proyecto de plan y presupuesto para el 2025 con amplia información sobre el proceso efectuado a partir de las directivas emitidas para la planificación del venidero año y las principales cifras que se proponen, fundamentalmente, gastos de personal, servicios básicos, otros gastos que aseguran el cumplimiento de la misión constitucional y las propuestas para el proceso inversionista que permita la mejora de las condiciones de trabajo y de vida.
El cumplimiento de los objetivos de trabajo y criterios de medida, constituyó tema de análisis. La Fiscal General enfatizó que las áreas de procesos claves y estratégicos deben realizar evaluación profunda de las actividades que tributan a los indicadores que se incumplen o se encuentran en proceso, para alcanzar resultados satisfactorios al culminar el año, lo que asegura calidad y efectividad de la respuesta penal, el respeto a las leyes y demás disposiciones legales y hacia lo interno, mayor completamiento y permanencia de la fuerza laboral, en correspondencia también con el impacto de las acciones de preparación y superación profesional que mensualmente se ejecutan, así como, la atención a la formación vocacional y la aplicación de las políticas de empleo para la contratación de los estudiantes.
También formó parte de la Agenda, la información ofrecida por la Dirección de Procesos Penales sobre la ejecución de resoluciones confiscatorias dictadas por el sistema de la Vivienda y la Agricultura, derivadas de la aplicación del Decreto Ley 232 de 2003 “Sobre confiscación por hechos relacionados con las drogas, actos de corrupción o con otros comportamientos ilícitos”, previsto como una medida más del Estado cubano para enfrentar las amenazas y riesgos que entrañan estos fenómenos, respecto a lo cual refirió, que se mantiene el cumplimiento de la política trazada, particularmente, ante la comisión de delitos relacionados con las drogas, la corrupción de menores y las conductas vinculadas a la prostitución, el proxenetismo y otras formas de explotación sexual.
En otro orden, se debatió sobre la efectividad de las acciones de control (supervisiones, inspecciones integrales y auditorías internas) realizadas hasta mayo del actual año, más de 2 mil a las que se suman los dictámenes de procesos, análisis de casos a través del sistema de videoconferencia, encuentros técnicos, entre otras que permiten la evaluación sistemática del desempeño de fiscales y especialistas, la solución de deficiencias y transformación de los resultados. La modalidad no presencial o a distancia, continúa permitiendo explotar las nuevas formas para realizar el control metodológico.
Se logran en el período los objetivos propuestos, además, la transmisión de conocimientos y maneras de hacer que contribuyen al cumplimiento del encargo social que tiene la Fiscalía General de la República, siendo necesario mantener la atención en la calidad de los procesos de trabajo.
