La Directora General de Notarias y Registro del Ministerio de Justicia (MINJUS), Olga Lidia Pérez Díaz, presentó a los participantes en la reunión nacional de la especialidad de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales la nueva Ley del Notariado.
En su intervención, la jurista explicó la fundamentación para la realización de esta novedosa norma, que buscó reforzar la institucionalidad del notariado con un sistema de trabajo orgánico funcional, bajo la subordinación vertical al MINJUS, establecer un régimen disciplinario diferenciado al tratarse de una autoridad pública, así como poder atemperar la función notarial al contexto actual.
Asimismo, la directiva dialogó sobre el trabajo integral para lograr una adecuada prestación de los servicios notariales, a partir de la presencia en las universidades, en importantes centros laborales, en bufetes colectivos y otras instituciones con alta demanda de este servicio y según las capacidades.
Igualmente, comentó que la nueva Ley perfecciona las funciones del notario, incorpora el perfil de competencia, los valores humanos y éticos que requiere esa autoridad pública, las atribuciones, el accionar en coordinación con la defensoría y la posibilidad de intervenir como mediador.
La Directora General de Notarias y Registro abordó también sobre los deberes, garantías y derechos que ofrece el notariado; la subordinación, organización y gestión del servicio público notarial; el empleo de las TICs con un sistema de gestión informática que permitirá la interoperabilidad, el empleo y validación del protocolo notarial en soporte digital.
Más adelante se refirió al Título III de la Ley que concentra todo lo concerniente a los "Documentos Públicos Notariales" y en particular a la intervención del fiscal en los diversos asuntos en que lo prevé la norma.
Profundizó en las regulaciones sobre el Protocolo Notarial, la publicidad y otras novedades sobre la participación de testigos instrumentales en los actos matrimoniales y testamentarios.
En otro orden ofreció elementos sobre el Reglamento de la referida Ley, las tarifas del servicio notarial y los plazos para su prestación. Por último, enfatizó en cuánto se debe profundizar en determinados asuntos en los que intervienen adultos mayores, los que impactan en las personas menores de edad o pueden encubrir graves hechos de lavado de activos.
Idania Silot Navarro, fiscal de la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales tuvo a su cargo el tercer tema de la mañana, con relectura al ejercicio de las funciones del fiscal a la luz del Código de Procesos y de otras modificaciones legislativas.
La intervención del fiscal en los diversos asuntos y procesos a tono con lo establecido legalmente fue ampliamente expuesto por la experta, quien hizo énfasis en cuáles son las motivaciones del interés público y en defensa de los derechos de las personas menores de edad o en determinadas situaciones previstas en Ley.
Precisó que la protección de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad entraña una alta responsabilidad para el fiscal tanto demandado, como demandante, si advierte infracciones de la legalidad que impactan en la protección de estas personas, lo que le es inherente al fiscal en cumplimiento de su misión constitucional. Asimismo, en cualquier circunstancia, el Código de Procesos le reconoce al órgano las facultades de intervención cuando se alegue el interés social.
A la vez, Silot Navarro abordó cuestiones preliminares sobre la institución de la Defensoría Familiar y la participación del defensor en determinados asuntos en los que represente a una de las personas intervinientes en los procesos.
De la condición de parte en determinados procesos hizo referencia a otras legislaciones cubanas entre estas, la Ley de Protección de Datos Personales, el Código de las Familias, el del proceso administrativo, entre otros.
La Vicefiscal General, Alina Montesino Li, apuntó la importancia de este tema y en particular, lo concerniente a la intervención cuando se trata de la defensa o protección de personas en situación de vulnerabilidad y de la tutela urgente que en determinados casos se requieren, en coordinación con la Defensoría.
Lay Trujillo González, fiscal jefa de la Dirección de PFAJ explicó las acciones de preparación indicadas hacia los territorios con el tema, a partir del artículo elaborado por la especialista.
Muy a tono con el tema abordado, participa en esta sesión de trabajo Alejandro Redondo Ramos, Director de la Defensoría, subordinada al Ministerio de Justicia, que junto a la Fiscal Jefa de la Dirección desarrollan la intervención del fiscal y el defensor en la protección de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
El titular de la Defensoría explicó quiénes son las personas en situación de vulnerabilidad, los ámbitos de actuación, las acciones de asesoramiento, acompañamiento y defensa de los derechos de estas personas, exponiendo ejemplos concretos de la actuación del defensor.
Argumentó que los defensores son juristas que deben gozar de gran humanidad y valores que faciliten este acompañamiento. Asimismo, refirió los órganos e instituciones de estrecho vínculo para lograr el efectivo cumplimiento de sus funciones.
El director abordó sobre la articulación de la Defensoría con las funciones de la Fiscalía cubana. En ese orden relacionó brindar tutela urgente o con celeridad, evitar descontento de la población y no revictimizar a las personas.
Al decir de Redondo Ramos, las relaciones de trabajo han facilitado, además, tener un control estadístico sobre determinados asuntos que impactan en la realidad del país y que llevan atención por una u otra estructura.
En sus palabras, la Fiscal jefa de la Dirección, Lay Trujillo González, expuso detalladamente la intervención cuando se trata de determinadas situaciones relacionadas con personas menores de edad que carecen de representantes legales o estos tienen intereses contrapuestos con ellos.
De las vías de conocimiento del fiscal y cuándo darle cuenta a la Defensoría, así como el procedimiento que cumplirá el fiscal, amplió Trujillo González en la exposición, siempre con la premisa del seguimiento que deberá asegurarse ante cada caso o asunto que se traslade.
La fortaleza radica en la unión de ambos para lograr la efectiva protección en el ejercicio de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, significó. Entre estos, la protección y atención a las personas menores de edad que se encuentran acogidos en instituciones de asistencia social.
La Vicefiscal General resaltó el valor de la institución de la Defensoría y la colaboración de nuestro órgano, que acumula más de 50 años de ejercicio y tiene la responsabilidad de acompañar cada caso y decisión que se adopte en los asuntos que a ambos nos conciernen.
En los temas desarrollados en la mañana, intervinieron las jefas de Departamento de Santiago de Cuba, Guantánamo y Las Tunas, quienes resaltaron que la esencia radica en la defensa de los derechos de las personas.
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