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Fiscalía General de la República de Cuba
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En este artículo:
Cuba, Fiscalía, Derechos Humanos, Ley, norma, Constitución de la República, PAM, mujer
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En el último quinquenio, en nuestro país ha tenido lugar un amplio, profundo e integral proceso de reformas legislativas, el cual ha incluido el fortalecimiento del marco jurídico e institucional de promoción y protección de los derechos humanos.

Dicho proceso ha tomado debidamente en cuenta la realidad actual de la sociedad cubana, los objetivos nacionales de desarrollo, las obligaciones asumidas por Cuba en virtud de instrumentos internacionales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre otros factores.

Un paso esencial fue la promulgación de la nueva Constitución de la República de Cuba, en 2019. Desde esa fecha hasta diciembre de 2022, se han aprobado 118 normas jurídicas de rango superior, un hecho sin precedentes en el país para tan corto periodo de tiempo.

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Ello ha permitido que el país cuente en la actualidad con robustas y modernas leyes fundamentales de la organización del Estado y el Gobierno y desarrollar un amplio catálogo de derechos y garantías previstas en la Constitución, así como la actualización del modelo económico y social del país.

En 2019, tras la adopción del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, se constituyó la Comisión Nacional de seguimiento a las acciones para combatir y eliminar definitivamente los vestigios de racismo, prejuicios raciales y discriminación racial que subsisten en Cuba.

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En 2021, se adoptó el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM). Se constituyó el Grupo de Trabajo para el seguimiento y evaluación del Programa, así como de las recomendaciones de órganos de tratados en la materia. La Federación de Mujeres Cubanas asume la coordinación de estos trabajos.

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Lea aquí: ¿Cómo marcha en la Fiscalía cubana la implementación del PAM?

En 2021, se aprobó la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar. Está integrada por diez componentes e incluye la participación de múltiples actores, desde el ámbito local y comunitario.

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En 2021, se creó la Comisión Nacional para el seguimiento y monitoreo de la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está encargada de la atención, control, orientación y coordinación de este tema.

  •  Con información del Informe nacional presentado en virtud de las resoluciones 5/1 y 16/21 del Consejo de Derechos Humanos
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