La voluntad permanente del Estado y del Gobierno cubanos de proteger a niñas, niños y adolescentes está manifiesta en políticas sociales encauzadas a garantizar el ejercicio y la protección de todos sus derechos.
El artículo 86 de la Constitución de la República de Cuba plantea que el Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a las niñas, niños y adolescentes, y garantizan su desarrollo armónico e integral para lo cual tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que les conciernan.
Las niñas, niños y adolescentes son considerados plenos sujetos de derechos y gozan de aquellos reconocidos en la Constitución, además de los propios de su especial condición de persona en desarrollo. Son protegidos contra todo tipo de violencia.
Para Cuba constituye una prioridad el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde 1991 entró en vigor en el país la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), de la que es signatario al igual que de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos los de la edad mínima laboral.
La Convención articula un conjunto de derechos sobre la base de cuatro principios fundamentales: la no discriminación; el interés superior de niñas, niños y adolescentes; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por su opinión.
Por su parte, la Unicef ha destacado la prioridad que tiene para Cuba el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el cual destaca que está debidamente integrado en la legislación nacional, y constituye una máxima en el ámbito administrativo, educativo, familiar, legal y judicial.
Una mirada al mundo
Al cierre de 2021, la Unicef publicó un nuevo informe: Evitemos una década perdida: hay que actuar ya para revertir los efectos de la covid-19 sobre la infancia y la juventud y la calificó como el mayor desafío que ha enfrentado en sus 75 años de historia; situación agravada por los conflictos, los desastres naturales y el cambio climático.
El informe revela el impacto de la pandemia en niñas, niños y adolescentes:
En menos de dos años, 100 millones han caído en la pobreza, un incremento del 10 por ciento desde 2019.
En 2020, más de 23 millones no recibieron las vacunas esenciales.
Cincuenta millones padecen emaciación (bajo peso para la talla), la forma de malnutrición de mayor riesgo para la vida, y esa cifra podría aumentar en 9 millones para 2022.
En su punto máximo, en marzo de 2020, mil 600 millones enfrentaban el cierre de escuelas.
En Cuba, a pesar de las consecuencias del bloqueo impuesto por Estados Unidos hace más de medio siglo, el Estado garantiza el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y ante la pandemia dispuso todo a favor de la mejor atención y cuidado de los menores. Asimismo, cada infante está protegido contra 13 dolencias, algunas de las cuales constituyen flagelos en muchos países de América Latina y África, por ejemplo: poliomielitis, tuberculosis, difteria, tétanos, tos ferina, sarampión y hepatitis.
Existen cifras que asustan, pero están ahí tatuando la realidad de este siglo XXI. Alrededor de 600 millones de niñas, niños y adolescentes viven en la pobreza y más de 27 mil menores de cinco años mueren cada día por causas evitables. Más de 250 millones de infantes desde cinco a 14 años trabajan agotadoras jornadas y otros 130 millones no reciben siquiera educación elemental. Aproximadamente seis millones padecen lesiones limitantes causadas por los conflictos bélicos o han fallecido como consecuencia de ellos.
A esa realidad, desconocida por cubanas y cubanos, se contrapone la nuestra. A pesar de todo lo que hoy obstaculiza el desarrollo y el equilibrio, de la situación económica que atraviesa la mayor de las Antillas, el Estado cubano persevera en garantizar el futuro de las nuevas generaciones; niñas, niños y adolescentes hoy, hombres y mujeres del mañana para quienes dispone desde el presente todo el esmero y amparo.
Una novedad que también defiende derechos de niñas, niños y adolescentes: el Código de las Familias
El Código de las Familias, aprobado en referendo el pasado 25 de septiembre, visibiliza los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Contempla normas que legitiman sus derechos y la responsabilidad de las familias en su formación y cuidado, además otorga a los menores un estatus jurídico en correspondencia con los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y prioriza su acceso a la información, a crecer en un ambiente libre de violencia, a la identidad y a la comunicación familiar.
El Código de las Familias implanta términos como la responsabilidad parental y la autonomía progresiva que promueven un cambio en la forma en que se concibe la crianza y educación de los menores, con la perspectiva de garantizar su bienestar.
Desde la sensibilidad y el humanismo, desde la defensa de los afectos y la armonía, el nuevo código aboga por los derechos de niñas, niños y adolescentes al contemplar entre sus artículos (5) Derechos de la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar. (6) Derecho de niñas, niños y adolescentes a no ser separados de sus madres, padres y familia; entre otros que también deciden por su sano desarrollo.
