- Lea la primera parte de este artículo, en el siguiente enlace: La protección de los menores víctimas de delitos. Experiencias de la Fiscalía General de la República. PARTE I (+ PDF e INFOGRAFÍAS)
Para la atención integral de los menores de edad víctimas de delitos, se crearon en el país tres Centros de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con un procedimiento para la exploración a que deben ser sometidos estos durante el proceso de investigación, compuesto por varias fases:
- Recibimiento del caso: Donde se obtiene una primera impresión psicológica por el psicólogo a través de técnicas especializadas, y se trabaja en función de reducir las tensiones de la acción que se desarrollará.
- Atención a la familia: Se brinda información sobre el proceso para su preparación y obtener el consentimiento informado para su ejecución.
- Planificación de la estrategia de exploración: Con los involucrados (Instructor, fiscal, oficial de Prevención de Menores, abogados de las partes, y los que se requiera) para evitar la realización de preguntas inducidas que no aporten a la validez del testimonio y no se genere victimización.
- Etapa de exploración: Al concluir esta el psicólogo alivia las tensiones que pueden haberse provocado, la necesidad de seguimiento del menor y valoración de todo el proceso.
- Seguimiento a las víctimas: En coordinación con los servicios de psiquiatría infanto-juvenil del Sistema de Salud Pública y los Centros Comunitarios de Salud Mental se derivan los menores a estas instituciones para la orientación de sus familias, dirigidas fundamentalmente al manejo de los menores, cómo evitar consecuencias y mayores afectaciones, cómo mejorar la comunicación entre los representantes legales cuando resulta causa de los hechos acontecidos, cómo elevar la percepción de riesgos para la ocurrencia de los hechos; y en los casos así lo requieren, que se les garantice la atención terapéutica a las instituciones competentes.
Estos centros garantizan que la exploración se ejecute con aplicación de la técnica de grabación de imagen y sonido y que esta cuente con la calidad requerida a fin de utilizarla como prueba testifical durante el juicio oral, contribuyendo a reducir la victimización secundaria.
En los territorios en que no existe este tipo de institución, los Centros de Evaluación, Análisis y Orientación de Menores, con especialistas en psicología, psicopedagogía y juristas, garantizan la preparación de los menores víctimas para el proceso exploratorio, a partir de la preparación de estos para la atención integral de los menores de edad.
Junto a la atención que se dispensa a los menores de edad desde el proceso penal, en las fiscalías municipales, provinciales y la Fiscalía General de la República, existen fiscales protectores de menores que se encargan del seguimiento y atención a estos. La Resolución No. 3 de 2022 de la FGR aprobó el procedimiento para la implementación de este procedimiento de trabajo. Entre las acciones que ejecutan en función de esta importante tarea se encuentran:
- La comunicación periódica y sistemática con los representantes legales o personas que los tienen bajo su custodia, con vistas a prepararlos para enfrentar el proceso penal, para ello se les informa sobre las características del proceso al que se enfrentan, los derechos que les asiste como víctimas, a partir de lo que se dispone en la Ley del Proceso Penal al respecto, las funciones del fiscal en representación de sus derechos; se aclaran las dudas sobre el procedimiento que se sigue, las decisiones procesales que se adoptan y las cuestiones que se han obtenido de la investigación, siempre y cuando ésta no se vea comprometida.
- Se tramitan sus inconformidades cuando se relacionan directamente con el hecho o las decisiones procesales adoptadas, las consecuencias del hecho punible o la necesidad de protección cautelar, en correspondencia con cada caso, ofreciéndose la respuesta que corresponde, la que se realiza de forma personal.
- Se mantiene la revisión y el seguimiento del proceso para identificar las cuestiones que puedan incidir desfavorablemente en la estabilidad emocional, educativa, económica o de otra índole, del menor o su familia, o la vulneración de sus derechos en función de su restablecimiento.
- Se informa sobre el resultado final del proceso y los elementos tenidos en cuenta para adoptar la decisión definitiva, verificando las inconformidades en este sentido.
- Teniendo en cuenta la obligación de profundizar durante la investigación, en la situación psicológica y escolar de los infantes, así como en las causas y condiciones que propiciaron el hecho, el fiscal protector de menores, a partir de las relaciones de trabajo con otros organismos que deben intervenir en la protección de los mismos, exige porque se brinde la atención médica, psicológica, y en caso de requerirlo, las que puedan afectarlos en el orden económico, educacional, psicológico y social.
En este sentido:
- Participa cuando se requiera, de conjunto con el oficial de Prevención de Menores, en la advertencia oficial a los padres, representantes legales del menor o parientes que lo tengan bajo su guarda y cuidado y se realizan precisiones en torno al ejercicio de la responsabilidad parental.
- Se realizan investigaciones en la escuela, la comunidad y el lugar de residencia, con vecinos, maestros, médicos de la familia y factores comunitarios, y de comprobarse que el menor de edad es objeto de abusos, malos tratos, desatención, abandono, violencia en cualquiera de sus manifestaciones o discriminación, se realizan aquellas que propendan a la solución de cada problemática.
- En todos los casos se profundiza en los niveles de responsabilidad de los representantes legales en las situaciones identificadas y en las causas y condiciones que provocaron los hechos punibles.
- Se verifica la relación hogar escuela, rendimiento académico de los menores de edad, resultados de la evaluación psicopedagógica y comportamiento en sentido general, mediante visitas a los centros de estudio y entrevistas con maestros y profesores.
- Es indispensable en todos los casos la determinación, desde el proceso penal, de la necesidad de atención médica y/o psicológica que pudiera requerir en función de eliminar las consecuencias y afectaciones producidas por el hecho. En este sentido, se coordina para su evaluación y atención por los Centros Comunitarios de Salud Mental y se exige por su cumplimiento, aspecto que pudiera mejorarse a partir de las coordinaciones con la especialidad de Psiquiatría Forense, e incorporada dentro de los retos a partir de las modificaciones de las normas penales procesal y sustantiva.
Se emitió recientemente la Instrucción No. 277 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, que regula el procedimiento para el desempeño y ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y perjudicados en el proceso penal, que incluye a los menores de edad, amplía la realización efectiva de los mismos, y se nutre de la aplicación práctica de las normas penales aprobadas, puestas en vigor en el año 2022.
Las posibilidades que brindan las normas procesales, no son suficientes para minimizar o evitar la victimización secundaria, por lo que es indispensable la utilización de la Medicina Legal, y sobre todo de la Psiquiatría y la Psicología Forense en la reparación, el empoderamiento y acompañamiento de los menores víctimas dentro del proceso penal, lo que pudiera constituir un reto para esta ciencia, acompañada de las posibilidades que brinda nuestro Sistema Nacional de Salud Pública.
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