La violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno preocupante debido al creciente incremento de sus manifestaciones en la sociedad cubana actual. La complejidad de sus causas y el impacto de sus consecuencias para las víctimas y familiares hacen que se convierta en un tema de extrema sensibilidad.
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o en la privada”.
La mayoría de las veces en la sociedad cubana la impunidad prevalece, ya sea por el temor a denunciar o porque no se dispongan de los elementos necesarios para hacer una denuncia.
En la actualidad, aun cuando en nuestro país se trabaja por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y existe un Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, todavía persisten desigualdad y discriminación en el tratamiento a las víctimas, vacíos en el conocimiento sobre el enfoque de género para estos casos y de su contexto y la errónea calificación jurídica de los delitos.
Por ello implica un reto la transformación del ordenamiento jurídico para dejar de ser el sostén legítimo de las desigualdades de género.
Un paso de avance en este sentido ha sido el ya mencionado Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, aprobado por el Consejo de Ministros, mediante el Decreto Presidencial No. 198 de 8 de marzo de 2021.
Este pretende lograr mayor integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones de discriminación contra las mujeres, así como fortalecer los mecanismos y la capacidad profesional de los funcionarios y servidores públicos para incorporar las cuestiones de género en la elaboración de políticas, programas y en la prestación de servicios.
Al constituir un fenómeno multicausal la violencia de género en sus diferentes manifestaciones, requiere de un tratamiento sistémico en articulación con el resto de los organismos e instituciones que intervienen. Las acciones deben permitir la detección, identificación, prevención, atención y reparación de daños a víctimas y/o sobrevivientes, la atención oportuna a los agresores evitando su impunidad, y el enfrentamiento a las conductas delictivas que a razón se generen.
La Fiscalía General de la República, es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental “ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado. Así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos”, según el artículo 156 de la Constitución de la República de Cuba.
Las acciones desarrolladas por nuestro órgano se sustentan en tres pilares fundamentales: la prevención, el enfrentamiento y la protección a las víctimas; a su vez, posee ejes transversales de trabajo, que garantizan su concepción integradora, ejecutadas por las direcciones de: Procesos Penales, Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, Atención a los Ciudadanos, Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios, Verificaciones Fiscales, Comunicación Institucional, Formación, Desarrollo e Innovación y la Escuela Nacional.
Además, desarrolla un protocolo de actuación, cuyas pautas flexibles deben adaptarse a cada asunto concreto, a las condiciones del entorno social, a las manifestaciones delictivas, y a la mayor o menor capacidad y fortaleza institucional en los territorios.
Cuestiones como la actuación de Primeros Auxilios Psicológicos para la prevención y atención de la violencia basada en género, la preparación y superación de cuadros, reservas y trabajadores para atender estos temas, las acciones con enfoque de género, que posibiliten la actualización y la calidad de toma de decisiones se recogen en esta norma.
De igual manera se le otorga importancia a brindar las herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares en los procesos que se tramitan, contribuyendo a la recuperación física y emocional de las mismas.
