Los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano conocieron este lunes la marcha de las acciones de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades, luego de recibir informes de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.
La fiscal general, Yamila Peña Ojeda, informó que al cierre de mayo estaba al 73% el completamiento de la plantilla de fiscales y al 75% la general, señalando que se han incorporado estudiantes vía contrato, al igual que jubilados y otros en pluriempleo, a lo que suman el acceso de trabajadores al estudio de carreras universitarios, incluida la licenciatura en Derecho.
Según la fiscal general, se hicieron 63 252 controles a procesos penales (expedientes investigativos, atestados, expedientes de fase preparatoria) y se impusieron 18 584 medidas cautelares, con el 75% de los imputados (61% atestados y 85% en fase preparatoria) en prisión provisional.
Se concluyeron 18 025 procesos penales, con una tasa de devolución de 15% en atestados y 25% en expedientes de fase preparatoria.
El 92% de las sanciones solicitadas implicaron internamiento y, con una tasa de 30.2%, continúa el decrecimiento de las devoluciones en los tribunales.
Peña Ojeda comentó que en el actual contexto económico y social, con cadenas delictivas amplias y mayor número de denuncia y un empeño sostenido en elevar la calidad de la investigación, el aseguramiento de las garantías procesales y la celeridad del proceso penal, este se hace más complejo.
En el último trimestre de 2024 fueron ejecutadas 84 verificaciones fiscales a 487 actores económicos (mipymes, trabajadores por cuenta propia, proyectos de desarrollo local y cooperativas de créditos y servicios) en las que se detectaron 649 infracciones. En lo que va de 2025, se han efectuado igual número de verificaciones fiscales sectorializadas.
Entre las prioridades −continuó la fiscal general− se registraron 29 120 personas atendidas y se tramitaron más de 3 000 reclamaciones. Mencionó, además, la protección de menores vinculados a hechos delictivos y conductas sociales reprobables; el seguimiento de casos de acoso, trabajo ilegal y otras indisciplinas, y el cumplimiento de la política estatal contra la discriminación y la violencia de género y en el escenario familiar.
Se desarrollaron 171 acciones de comunicación (63 en medios de comunicación y más de 100 en redes sociales. Peña Ojeda destacó la importancia de los mensajes para elevar la percepción de riesgo y el compromiso de familias, comunidades y centros laborales en la prevención y el enfrentamiento.
En intervenciones posteriores, los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos señalaron la necesidad de continuar trabajando en la celeridad de los procesos, la articulación y la colaboración institucional en estas acciones, la calidad de la investigación (para que continúe disminuyendo la tasa de devolución) y una mayor integralidad en la prevención.
Una diputada por Mayabeque comentó que en esa provincia se ha desarrollado un programa conjunto entre los CDR y la Fiscalía, con la incorporación de la PNR y Salud, consistente encuentros en los barrios para abordar el fenómeno de las drogas. A ello se ha sumado el trabajo de prevención y las charlas educativas en centros escolares.
Otra diputada, de Puerto Padre (Las Tunas), consideró que en esta etapa han sido más intensas y organizadas las acciones de comunicación, vitales para tener a una población más informada. Al respecto, subrayó la importancia de un trabajo más cercano con la prensa.
Señaló que hay que seguir profundizando el trabajo comunitario, con base en líderes comunitarios que mantengan la transmisión del mensaje para que las acciones no se queden solo en barrio debates y, en el enfrentamiento a las drogas, que se muestren historias de vida y se llegue más a las familias.
En la comisión se habló también de la baja percepción de responsabilidad en las comunidades hacia el fenómeno de las drogas y de la necesidad de que no solo los órganos de enfrentamiento, sino todas las instituciones y organizaciones de masas, intervengan articuladamente en acciones educativas y de prevención, con un abordaje integral.
Un dato relevante es que el 78% de los procesados este año por el Minint y la Fiscalía son desvinculados del estudio y el trabajo. Más del 60% son reincidentes.
En el debate se subrayó que es fundamental el control efectivo de los recursos por parte de las administraciones y que las familias tengan el rol formativo que les corresponde. Igualmente, que conjuntamente con la prevención y el enfrentamiento se haga hincapié en el seguimiento de las acciones y sus resultados.
En otro momento de trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, en vísperas del quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su décima legislatura, los diputados recibieron información del presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro.
El presidente del Tribunal Supremo Popular recordó el trabajo hoy se basa en la instrucción emitida en noviembre de 2022 por el consejo de gobierno de ese órgano, que establece una política de rigor en el enfrentamiento a las manifestaciones de delito, corrupción e indisciplinas sociales.
Como la Fiscalía, igualmente los tribunales afrontan déficit en las plantillas, aunque también se ha aminorado la brecha con la incorporación de estudiantes de Derecho. “Es una práctica de años en los tribunales”, dijo, y añadió que “esos jóvenes que se vinculan desde la universidad son la cantera de la institución”.
Remigio Ferro señaló la utilidad de los ejercicios de enfrentamiento que, dos veces al año, se desarrollan en conjunto con la PNR y autoridades de los territorios, tanto en aplicación rigurosa como en atención a personas que cumplen sanciones sin internamiento.
Entre otros puntos, destacó la relevancia de la celeridad en el proceso penal y la aplicación de la política de máximo rigor en los hechos delictivos de mayor lesividad social, entre ellos los delitos relacionados con drogas (en los que más del 94% recibe sanción de internamiento), corrupción administrativa (100%, además de confiscación de los bienes malhabidos), asesinato, robo con violencia, robo con fuerza en las cosas y proxenetismo.
Según el presidente del Tribunal Supremo Popular, se registró un alto nivel de resolución de asuntos penales en el primer semestre de 2025, un 70%, superior al 64% de 2024.
A la vez −precisó−, se cumplimenta el 76.4% de las sentencias firmes, frente a 71.2% en 2024. Sobre la continuación de la política de rigor, informó que el 95.9% de los juzgados son sancionados, al 77.8% se les impusieron penas de encierro y al 17% sanciones alternativas que no implican internamiento.
En cuanto a las personas que extinguen sanción en condición de libertad, apuntó que se mantienen las acciones de control y atención, en las que intervienen no solo los tribunales, sino autoridades y organizaciones locales. Un 74.2% de esas personas están ubicadas en el sector estatal (frente a 71% en 2024), una política de integración que −destacó Remigio Ferro− contribuye a la reinserción social.
En cuanto a acciones de comunicación, desde los tribunales se concretaron más de 5 300 en redes sociales, 17 en sitios web, más de 530 en comparecencias en radio y televisión y otras 129 en publicaciones en prensa escrita y digital.
Igualmente, se efectuaron 292 barrio debates, 264 encuentros con trabajadores en centros, más de 300 charlas a estudiantes, 277 encuentros en sedes de tribunales y cientos de reuniones con sancionados sus sanciones sin internamiento o están en libertad condicional.
Remigio Ferro subrayó la importancia de los juicios ejemplarizantes cuando corresponde (más de 90), a los que asistieron como público más de 1 760 ciudadanos. “Son una acción de comunicación extraordinaria. A veces se habla de comunicación solo en términos divulgativos, pero nosotros defendemos que se manifiesta también en acciones judiciales bien argumentadas y resueltas”, sostuvo el presidente del TSP.
Señaló que en los últimos tiempos, los tribunales están rindiendo cuentas de su gestión a las autoridades municipales y provinciales. “Hay una muy alta conciencia en los tribunales cubanos de la responsabilidad, la tarea que les toca, así como de los preceptos constitucionales y las garantías procesales vigentes”, afirmó.
Como parte del debate, el presidente de la comisión, el diputado José Luis Toledo Santander, consideró que los problemas en la celeridad del proceso penal influyen negativamente en la profilaxis.
“Muchos expedientes rebasan los seis meses de tramitación, aun cuando se reconoce que incide en esto el completamiento de plantillas”, dijo y afirmó que ante los fenómenos del delito, la corrupción y las indisciplinas sociales, “la batalla es dura y larga, pero hay que darla y ganarla”.
