En 2019 Cuba adoptó, en referendo popular, la nueva Constitución de la República, proceso democrático que contó con un 90,15 % de participación y un 86,15 % de votos a favor. Ello fue el resultado de un proceso de consultas populares, que contó con una amplia participación de la sociedad civil, como reflejo del carácter genuinamente democrático e inclusivo del sistema político de la mayor de las Antillas.
El texto constitucional – disponible para su descarga en nuestro portal web – ratifica el firme compromiso del Estado cubano con el respeto y protección de los derechos humanos. El mismo amplía el catálogo de derechos y las garantías para su ejercicio efectivo. En él se confiere igual jerarquía y valor a todos los derechos, bajo el precepto de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Asimismo, se establece el principio de progresividad de los derechos.
En nuestra carta magna se reconfigura la cláusula de igualdad y el principio de no discriminación, para incorporar nuevas categorías susceptibles de discriminación, como la edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, territorial u otra circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.
Igualmente, se introducen nuevos derechos, como el acceso a la información pública y a recibir información veraz, objetiva y oportuna; el derecho al agua; a la alimentación sana y adecuada; a la vivienda adecuada; a un hábitat seguro y saludable y el derecho al medio ambiente sano y equilibrado.
La Constitución de la República fortalece, demás, su carácter garantista al incorporar un capítulo específico de garantías de los derechos ante amenazas o lesiones provenientes del Estado, entes no estatales o particulares. Por otra parte, fortalece el acceso a los órganos judiciales para la tutela efectiva de los derechos y el debido proceso como garantía a la seguridad jurídica.
Como novedad constitucional, se refuerza el procedimiento de Habeas Corpus, como protección del derecho de la libertad personal; se implementa el Habeas Data o la protección de datos personales; el procedimiento para la reclamación, reparación e indemnización por daños y perjuicios ocasionados por directivos, funcionarios y empleados del Estado; así como el procedimiento preferente, expedito y concentrado para la reclamación ante los tribunales por la vulneración de los derechos constitucionales. Se pone énfasis en las garantías judiciales.
Algunas normativas derivadas de la implementación de la norma suprema
Al cierre de 2022, habían sido aprobadas 118 normas jurídicas de rango superior que amplían la promoción y protección de los derechos humanos en correspondencia con los estándares internacionales en la materia. Se encuentran en estudio y discusión otras normas, que han sido incluidas en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La reforma integral del sistema de justicia penal ha implicado la modificación profunda de normas penales sustantivas y procesales, tales como el Código Penal, la Ley del Proceso Penal y la Ley de Ejecución Penal. La Ley No. 151 de 2022 “Código Penal”, protege principios, derechos, garantías y deberes contenidos en 80 preceptos constitucionales.
Se fortalece la protección del sistema político y estatal; el enfrentamiento a todas las formas de violencia y discriminación; se incluyen delitos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y contra el medio ambiente; se actualizan instituciones, definiciones y figuras delictivas en armonía con los tratados internacionales en vigor para la República de; se suprime el estado peligroso predelictivo y sus medidas de seguridad; entre otras.
La Ley 143 de 2021 “Ley del Proceso Penal” regula las normas del debido proceso y establece garantías, límites, facultades y derechos de los que intervienen en el proceso penal. Reconoce a las víctimas como parte en el proceso; elimina el estado peligroso predelictivo y refuerza el procedimiento de Habeas Corpus. Se reconoce la nulidad de los procesos que hayan vulnerado garantías constitucionales, los tratados internacionales en vigor para el país y aquellos que se ejecuten con inobservancia de las formalidades previstas en esta Ley.
La Ley No. 152 de 2022 “Ley de Ejecución Penal”, resuelve la dispersión normativa en materia de ejecución de sanciones y garantiza el debido proceso en esta etapa. Refuerza las garantías a los derechos; fortalece el tratamiento diferenciado a sancionados en condiciones especiales; introduce cambios sustanciales en las regulaciones sobre la medida cautelar de prisión provisional bajo el principio de presunción de inocencia; entre otros.
- Con información del Informe nacional presentado en virtud de las resoluciones 5/1 y 16/21 del Consejo de Derechos Humanos
