Al comentar sobre la Segunda Edición del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades e Indisciplinas Sociales, el coronel Hugo Morales Karell, segundo jefe de la Dirección General de la PNR, indicó que esta iniciativa constituye una prioridad para el Ministerio del Interior, así como para el resto de la sociedad, siendo un pilar fundamental para el sostenimiento del orden interno y la tranquilidad ciudadana.
“Este segundo ejercicio refuerza las acciones cotidianas que realizamos para enfrentar estos fenómenos, con el objetivo de lograr el control contra la delincuencia, implementar acciones preventivas y neutralizar situaciones en escenarios proclives a este tipo de conductas”, afirmó.
Morales Karell explicó que, como parte de este ejercicio, se llevaron a cabo diversas acciones en los territorios del país, lo que resultó en la detención de un grupo de ciudadanos que fueron trasladados a las estaciones del país por estar vinculados a hechos delictivos o implicados en ilegalidades e indisciplinas sociales.
Durante este periodo, se reforzó el sistema de patrullaje en los lugares de mayor incidencia delictiva, así como en los límites entre territorios donde se identificaron tipologías delictivas asociadas a fenómenos complejos en la economía, como el hurto y sacrificio de ganado.
Para lograrlo, el segundo jefe de la Dirección General de la PNR destacó el apoyo del gobierno local, que permitió detectar ilegalidades y el trasiego de mercancías, fundamentalmente relacionadas con el tráfico de alimentos, medicamentos, armas blancas, combustibles, dinero en efectivo y otros productos de procedencia ilícita. “También se identificaron vehículos del sector estatal implicados en estas actividades, por lo que se aplicaron las correspondientes medidas administrativas y penales cuando fue necesario”.
Morales Karell reiteró que el ejercicio es una continuidad de la labor sistemática que permite obtener información pública y secreta.
“Este trabajo conjunto nos permitió proteger objetivos económicos donde se almacenan recursos sensibles e importantes para la población, como bodegas, tiendas y almacenes. Esto nos permitió identificar causas y condiciones propicias para la comisión de hechos delictivos, especialmente considerando las debilidades en los cuerpos de vigilancia y protección de muchas entidades, donde el personal no cubre adecuadamente el área y, por tanto, no se realizan los recorridos necesarios. En algunos lugares, los cuerpos de vigilancia abandonan sus puestos, lo que derivó en la implementación de medidas administrativas e incluso penales”.
Otra de las prioridades en el contexto del ejercicio, informó Morales Karell, fue “la atención, influencia, control y neutralización de personas con conductas desajustadas dentro de la sociedad”.
“Las personas con conductas desajustadas fueron llevadas a las estaciones de la PNR u otros lugares para realizar acciones preventivas en la comunidad. Estas reuniones se llevan a cabo con el grupo de prevención y atención social. No se trata de 'detener por detener', sino que se ha agotado un trabajo previo con los grupos de prevención social, así como ofertas de trabajo o advertencias para que abandonen conductas problemáticas. Cuando esto no se respeta, se incurre en el delito de desobediencia”.
Asimismo, se prestó especial atención a las personas que cumplen sanciones en libertad, así como a aquellas que están en permiso de los establecimientos penitenciarios o en espera de juicio en libertad. “Se tomaron decisiones administrativas y de revocación contra quienes violan las obligaciones que tienen contraídas”.
En el caso de las comunidades, el seguimiento y la influencia sobre el potencial delictivo se intensificó. “Se realizó un mayor control sobre su vinculación laboral y se implementaron otras acciones preventivas para evitar la reincidencia en delitos o ilegalidades”.
De igual manera, se llevaron a cabo charlas con familias y jóvenes con conductas desajustadas. “Se realizaron dinámicas familiares para resolver conflictos internos en familias disfuncionales, así como la aplicación de responsabilidades penales en colaboración con la Fiscalía y los tribunales. También se incrementó la vigilancia popular”.
El coronel Morales Karell también informó que, en medio de este amplio proceso, se concluyeron varios procesos penales relacionados con ilícitos priorizados, como drogas, hechos violentos y delitos contra la economía, lo que permitió finalizar estos casos con calidad antes de entregarlos a la Fiscalía.
Además, como resultado de estas acciones penales, se llevaron a cabo inspecciones conjuntas con el Ministerio de la Agricultura a poseedores de ganado mayor, en el marco del control de la tierra y del ganado. Estas inspecciones revelaron violaciones en la tenencia y custodia de este tipo de ganado, así como situaciones donde algunas personas poseen animales, pero no tienen tierras para su pastoreo. Esto permitió actuar contra más de 100 personas, principalmente por hurto, sacrificio o adquisición y tenencia de carne a partir de sacrificios ilegales.
Otro elemento clave, subrayó Morales Karell, fue el enfrentamiento a la droga como parte de la política de tolerancia cero ante este flagelo. “Se realizaron más de 400 acciones de capacitación sobre el uso indebido de sustancias, priorizando centros escolares y laborales. También se ejecutaron 46 intervenciones en comunidades, bares, discotecas y casas de renta. Se aseguraron 46.9 kg de droga, además de plantas, semillas sintéticas, envoltorios, papelillos y recortes impregnados con sustancias. También se detectaron cigarrillos electrónicos y altas sumas de dinero”.
Por último, mencionó que se identificaron las causas y condiciones que influyen en los accidentes de tránsito, especialmente aquellos masivos. “En el primer trimestre, hubo un aumento en la accidentalidad masiva. Se realizaron chequeos técnicos en la vía, especialmente a los porteadores de pasajeros que circulan sin las condiciones adecuadas. Se impusieron más de 14,000 multas por violaciones de la normativa”.
La Fiscalía prioriza la prevención
Al intervenir en el programa, la vicefiscal general, Alina Montesino Li, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha fortalecido su labor en la defensa de la legalidad durante el segundo ejercicio nacional de enfrentamiento a los delitos, la corrupción y las ilegalidades, logrando resultados significativos en investigaciones penales, sanciones ejemplarizantes y recuperación de recursos para el Estado.
Montesino Li explicó que la FGR ha priorizado los delitos de alto impacto social. “Nuestros fiscales han intensificado el control de investigaciones en casos de corrupción, tráfico de drogas, hechos violentos y delitos contra el patrimonio. Trabajamos en estrecha coordinación con el Ministerio del Interior y la ONAT para agilizar procesos y garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de las conductas”, señaló.
Entre las acciones principales destacadas por la vicefiscal general sobresalen 1 260 controles a investigaciones realizados durante la semana del ejercicio, con más de 24 000 acumulados en los meses de enero y febrero. Además, se logró imponer prisión provisional en el 86% de los casos vinculados a delitos graves, de los cuales el 97% están relacionados con el tráfico de drogas.
También se llevaron a cabo 297 vistas orales, en las que fiscales especialmente preparados promovieron juicios ejemplarizantes para fortalecer la justicia y la legalidad.
La vicefiscal general destacó los resultados obtenidos en las verificaciones fiscales realizadas durante el ejercicio nacional, informando la recuperación de 121 millones de pesos para el presupuesto estatal. Explicó que, de 80 verificaciones a entidades estatales y no estatales, se detectaron 649 infracciones, entre ellas doble contabilidad, almacenes con inventarios no declarados, precios abusivos y evasión fiscal.
Asimismo, señaló que se impusieron multas por un monto total de 22 millones de pesos.
Montesino Li subrayó que solo 30 casos fueron llevados a procesos penales, enfatizando que la estrategia de la Fiscalía prioriza la prevención y el cumplimiento voluntario por parte de los involucrados.
Comentó que en este ejercicio se han abordado nuevos frentes de trabajo, destacando los arrendamientos y el sector de la energía eléctrica. Actualmente, la Fiscalía ejecuta 84 verificaciones adicionales, de las cuales 56 están relacionadas con el arrendamiento de locales y vehículos, donde se investigan irregularidades como contratos sin licitación, favoritismos y omisión en los cobros. Por otro lado, se han llevado a cabo 28 verificaciones en el sector eléctrico, que ya han derivado en la radicación de 13 procesos penales vinculados a malversación y robos de energía.
Entre las principales violaciones detectadas se encuentran contratos otorgados sin procesos de licitación o con evidentes favoritismos, arrendamientos de locales y vehículos que no fueron cobrados a sus beneficiarios o cuyos recursos fueron desviados, así como casos de sustracción de energía eléctrica mediante extensiones ilegales a viviendas particulares.
La vicefiscal reafirmó el compromiso de la FGR con la ciudadanía, al detallar que se atendieron más de 11 000 denuncias ciudadanas en lo que va del año, con un aumento en los reportes sobre corrupción, drogas e ilegalidades. “Nuestro pueblo es clave en esta batalla. Cada denuncia fortalece la transparencia y la justicia”, reiteró.
La Contraloría enfocada en el proceso de rendición de cuentas
Acela Martínez Hidalgo, vicecontralora general de la República, explicó que la Contraloría General de la República enfocó su labor, en el marco del segundo ejercicio nacional de enfrentamiento a los delitos, la corrupción y las ilegalidades, en acciones relacionadas con el presupuesto del Estado. Según Martínez, se dio seguimiento a la implementación de la metodología para la rendición de cuentas de las administraciones ante los trabajadores y se continuó el trabajo realizado en la comprobación nacional del sector turístico efectuada el año anterior.
Martínez Hidalgo destacó la colaboración de distintas entidades en el diseño de esta metodología. “En esta metodología trabajaron la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), las facultades de Derecho y Psicología de la Universidad de La Habana, e incluye fundamentos jurídicos basados en la Constitución de la República, en su artículo 20, que se refiere al derecho de los trabajadores a participar en la planificación, regulación, gestión y control, como procesos esenciales de la actividad económica. También en el Código de Trabajo, que defiende el derecho de los trabajadores a participar en la dirección de las entidades donde laboran”, afirmó.
La vicecontralora detalló que la Contraloría realizó un total de 310 acciones preventivas en entidades de subordinación nacional y local, tanto en el sector empresarial como en el presupuestado. “Esto es aplicable a todos los sectores”, enfatizó. Estas acciones incluyeron intercambios con directivos, trabajadores, militantes de las secciones sindicales y de los núcleos del partido, abarcando todas las provincias, incluido el municipio especial de la Isla de la Juventud.
No obstante, Martínez reconoció que en el 39% de las entidades visitadas, es decir, 121 de las 310, no se logró una implementación armónica y efectiva de la metodología. Según la funcionaria, “faltó atención por parte de los organismos superiores, se observó ausencia de capacitación a los colectivos laborales y, en muchos casos, no se definieron los directivos encargados de rendir cuentas”. Además, subrayó que la rendición de cuentas continúa realizándose de manera formal en numerosos lugares, sin incorporar adecuadamente la metodología indicada.
La Contraloría concluyó que, en términos generales, la implementación de esta metodología no ha sido lo suficientemente efectiva. Aunque Martínez Hidalgo reconoció ciertos avances en comparación con el ejercicio anterior, señaló que estos no han alcanzado la rapidez que el país necesita. “Se necesita mayor vínculo de los trabajadores en todos los procesos”, enfatizó.
La vicecontralora general de la República informó que la Contraloría General de la República se encuentra trabajando, como cada año, en la actualización de la guía de autocontrol general, que abarca tanto la actividad presupuestada como la empresarial. En esta ocasión, señaló, se busca profundizar en el componente de comunicación e información, específicamente en lo relacionado con la norma de rendición de cuentas. “Queremos fortalecer este aspecto clave para garantizar una mayor transparencia y participación”, afirmó.
Asimismo, destacó que la institución está desarrollando indicaciones metodológicas bajo la orientación de la Contralora General. Según explicó, estas indicaciones buscan asegurar que todo el sistema de auditoría, en sus acciones de control, incluya la revisión y supervisión del tema de la rendición de cuentas. La vicecontralora subrayó la importancia de este proceso al expresar que “es fundamental que este tema sea abordado en cada acción de control, para fortalecer los mecanismos de rendición y responsabilidad”.
Finalmente, la funcionaria indicó que la implementación de esta metodología será evaluada en el plazo de un año y, con base en las recomendaciones que surjan del proceso, se procederá a su actualización. Martínez Hidalgo señaló que este enfoque permitirá ajustar y mejorar las normas en función de las necesidades del país y las realidades detectadas durante la supervisión.
Desde el Tribunal Supremo Popular: Prevención y enfrentamiento
Durante su intervención en la Mesa Redonda, la magistrada Ileana Gómez Guerra, presidenta de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, comentó que su institución desarrolló acciones definidas en la segunda edición del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades e Indisciplinas Sociales.
La entidad cumple el ciclo completo de prevención de delitos, reprensión y reinserción, en aras de salvaguardar el orden establecido en la Constitución de la República.
Como parte de ese proceso, en la semana del Ejercicio se realizaron 111 intercambios sobre los peligros de la droga, con estudiantes de enseñanza secundaria, preuniversitaria y universitaria, donde participaron más de 4 000 personas.
De igual modo, se visitaron las residencias de quienes cumplen sanción en libertad, para verificar con los cederistas y miembros de otras organizaciones de masas su comportamiento.
“La mayoría mantuvo una conducta adecuada, pero los 173 que no lo hicieron fueron requeridos, en relación con la gravedad de su conducta y a los casos más preocupantes se les revocó la posibilidad de cumplir sanción en libertad”, dijo Gómez Guerra.
Asimismo, informó que, de los 65 controlados que en ocasiones anteriores fueron llamados a mejorar su conducta, 55 mostraban un mejor comportamiento, y 10 persistían en una conducta desajustada, razón por la cual se les solicitó la revocación oportuna del beneficio de excarcelación.
Se desarrollaron 170 reuniones en los consejos populares, con la participación de más de 4 000 controlados, autoridades y representantes de instituciones.
En la capital, 143 sancionados realizaron donaciones de sangre, 76 participaron en trabajos voluntarios y más de 20 hicieron donaciones a hogares de niños sin amparo familiar.
En cuanto al enfrentamiento al delito, fueron ejecutadas 10 sentencias administrativas en el contexto del Ejercicio, y fueron detenidas y puestas en manos de la justicia varias personas previamente circuladas.
También se realizaron 37 juicios ejemplarizantes en ocho provincias del país, relacionados fundamentalmente con delitos como tráfico de drogas, portación y tenencia ilegal de armas, malversación, entre otros.
Estos juicios agruparon a 51 sancionados. De ellos, al 96% se les impuso sanciones que implicaron el encierro, ya fuera privación de libertad o trabajo correccional con internamiento.
A los 20 sancionados por delitos vinculados a las drogas se les impuso privación de libertad, por un período de entre seis y 15 años.
“Este delito es muy lesivo para la sociedad, de ahí la importancia de mantener la política de tolerancia cero”, recalcó Gómez Guerra.
Señaló que en todos los casos se cumplió el debido proceso y las garantías de establecidas en la Constitución de la República y otras normas vigentes.
La directiva explicó que cada sanción correspondió a la gravedad de las conductas, y mencionó que todos los juicios ejemplarizantes fueron grabados. A algunos se les ha dado visibilidad a través de los medios de prensa.
“Seguiremos cumpliendo nuestra misión, con respeto a la garantía de las partes, y contra las conductas que pongan en riesgo a nuestra sociedad”, concluyó Gómez Guerra.
En video, la Mesa Redonda
