Con la rendición de cuentas de la Fiscalía Provincial de Granma – por vía telemática – comenzó, este lunes, 30 de junio, el Consejo de Dirección Ordinario (CDO) de la Fiscalía General de la República, que preside la titular del órgano, Yamila Peña Ojeda.
La Fiscal Jefa de dicho territorio oriental, Alina Medina Freman, explicó el comportamiento de los principales indicadores de trabajo, al cierre de la etapa, en lo que respecta a las acciones que viene realizando en función de la permanencia, estimulación y superación de la fuerza de trabajo, la calidad de la intervención del fiscal en los procesos penales y el control de la legalidad en la investigación penal, y el fortalecimiento de la supervisión del trabajo de los fiscales municipales a partir de la premisa de enseñar haciendo.
Asimismo, se refirió a cómo se ha venido desarrollando la actividad de comunicación institucional dirigida a elevar la educación jurídica de los ciudadanos, a las actividades realizadas como parte de la formación profesional y orientación vocacional para despertar el interés por el estudio del Derecho y la motivación hacia el trabajo en la Fiscalía, y cómo se ha atendido de manera integral a los trabajadores, así como los reconocimientos entregados a estos y al órgano provincial y municipales.
Al término de la presentación, la Fiscal General profundizó en la importancia del trabajo con los estudiantes que cursan o egresan de las especialidades del técnico medio, a las formas en que se debe conducir el trabajo con los municipios, a la enseñanza continua de los jóvenes y a seguir pensando cuánto más podemos hacer por nuestros trabajadores, como parte del papel que corresponde a los cargos de dirección. Peña Ojeda reconoció los buenos resultados de la provincia y los exhortó a seguir transformando los señalamientos con la transparencia y entrega que los caracteriza.
A continuación, la Directora de Economía, Gertrudis Proenza Brown, presentó el comportamiento del plan y presupuesto al cierre de mayo del año en curso, este último a un 97 % de cumplimiento. En su información, precisó que la ejecución del mismo respaldó el cumplimiento de las principales actividades planificadas en el período priorizando las que garantizan el cumplimiento de las funciones del órgano, los servicios básicos, así como el salario y sus tributos.
El Fiscal Jefe de la Dirección de Procesos Penales, José Luis Reyes Blanco, explicó el comportamiento de los indicadores que miden los procesos penales en el órgano, en lo referente a las devoluciones, los resultados de las supervisiones efectuadas, la efectividad en el control de la acción penal y el ejercicio de la acción penal en los hechos vinculados con la evasión fiscal al cierre del período, al considerarse un tema medular para el país que ha requerido de esfuerzos conjuntos con varios factores, incluida la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
De la intervención del fiscal a partir del impacto de la aplicación de las leyes del Proceso Penal, del Proceso Administrativo, de Amparo de los Derechos Constitucionales y de Ejecución Penal, y de los códigos de Procesos, de las Familias y Penal expusieron los fiscales jefes de varias direcciones.
Lay Trujillo González, Fiscal Jefa de la Dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales significó que las mencionadas normas transformaron la participación de los fiscales en los distintos conflictos y asuntos que se plantean ante los tribunales de justicia y ante el notario, pues, aunque no es novedosa su actuación en sede judicial en los procesos de materias no penales, las modificaciones de tipo procesal ocurridas, implican para la Fiscalía medidas de organización y preparación de los fiscales para responder al encargo que la ley les atribuye en cada caso.
Por otro lado, profundizó, el Código de las Familias dispuso la necesidad del dictamen del fiscal en asuntos novedosos que garantizan el ejercicio de un mayor número de derechos a todas las personas. Asimismo, explicó la fiscal, no se puede perder de vista que la Carta Magna encomienda a la Fiscalía General de la República la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos.
La Ley No. 160/2022 de la Fiscalía General de la República, en los artículos 12 letras i) y j) y el 43 letra, n), ñ) y s) ratifican el mandato constitucional y las disposiciones del Código de Procesos, al establecer como una de las funciones principales del Fiscal, intervenir como parte en los procesos concernientes al estado civil de las personas, en el reconocimiento judicial de la unión de hecho, en los que se vean involucrados intereses de personas menores de edad y de otras personas en situación de vulnerabilidad y los que la ley así lo prevenga y participar en los asuntos en los que se alegue un interés social.
En este caso, explicó, la intervención de la Fiscalía en los procesos civiles, de familia, del trabajo y seguridad social y mercantil se regula en los artículos 65 y 66 del Código de Procesos y en materia administrativa, lo dispone en el artículo 30 de la Ley del Proceso Administrativo. La Ley No. 153/2022, del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales, reconoce también la condición de parte del fiscal: “para el cumplimiento de las funciones que le encomiendan la Constitución y las demás leyes, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procesos”.
El impacto directo que tiene la Ley No. 167/23 “Del sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas” y el Decreto 112 Reglamento de la ley fue evaluado por Barbarita Pacheco Fonte, Fiscal Jefa de la Dirección de Atención a los Ciudadanos quien, en primer lugar, se refirió en la modificación de los términos de tramitación de las quejas y para ejercer el derecho a la impugnación de las respuestas que se reciban con motivo de ellas, lo que trasciende a la modificación de la Resolución No. 2/22 de la Fiscal General, que establece el procedimiento para la atención y tramitación de las quejas, peticiones y denuncias de las personas en la Fiscalía General de la República.
Sobre el tema, acotó que las nuevas normas determinaron la necesidad de la preparación de los fiscales y asistentes del fiscal, lo que resulta vital para nuestro órgano, a partir de la necesidad de su continua actualización para poder ofrecer a las personas las orientaciones adecuadas y tramitar sus pretensiones, de acuerdo a lo regulado por las leyes.
Por último, Caridad Pérez Rodríguez, Fiscal Jefa de la Dirección de Control a la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios explicó que la Ley del Proceso Penal y de Ejecución Penal establecen la intervención del fiscal en las diferentes fases del proceso penal, incluida la ejecución y los incidentes que de ella se derivan, específicamente en las inspecciones a los lugares de internamiento y detención, la tramitación de quejas, peticiones y denuncias, el control de la prisión provisional y los incidentes relacionados con la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad posdelictivas.
Como último punto de la agenda, correspondió realizar un análisis del cumplimiento de la Ley 160/2022: “De la Fiscalía General de la República” y su Reglamento, presentado por la Fiscal Jefa de la Dirección de Información y Análisis, Ana Hernández Mur, quien comenzó enumerando los elementos que se identificaron para ello, dentro de los que mencionó las acciones ejecutadas para implementar la ley y su dominio por fiscales y trabajadores de apoyo a la gestión fiscal, la elaboración y puesta en vigor de disposiciones normativas internas, el sistema de formación y desarrollo de fiscales y trabajadores, de atención y estimulación, las relaciones institucionales y el sistema de gestión de la calidad y sus procesos, entre otros.
Hernández Mur resumió las principales acciones que se ejecutaron en tal sentido, las dificultades identificadas y destacó los avances que se aprecian en la implementación de la gestión documental y en las fichas de los procesos del sistema de gestión de la calidad.
Esta sesión del Consejo de Dirección Ordinario de la Fiscalía General de la República centró su agenda en el cumplimiento de normas jurídicas aprobadas por el Parlamento cubano tras la proclamación de la nueva Carta Magna, como parte de la misión constitucional encomendada al órgano de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos, todo lo cual debe comenzar, primero, hacia lo interno.
