
En aquella guagua repleta, a punta de mediodía, el hombre rozó, digamos que sin querer, el trasero de la joven que tenía delante. La bofetada, sucedida de gritos y ofensas, elevó el ya sofocante calor de esa hora. El niño lloraba, se resistía a caminar, «si sigues llorando te voy a meter», y de un tirón, la madre casi lo arrastró calle abajo. El niño siguió llorando. El negocio estaba «cuadrado», ya en el parque de la esquina, con la mochila y el dinero esperaba al vendedor. El cuchillo pegado a sus costillas no le dejó reaccionar y en unos segundos vio desaparecer a dos personas con el bolso y su dinero.
La violencia es un fenómeno complejo que se manifiesta en múltiples formas y ámbitos, afectando la integridad física, emocional, social y económica de las personas, y requiere reconocimiento y acción para su prevención y erradicación.
Una de sus definiciones establece que es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar, controlar o imponer algo sobre otra persona, causando daño físico, sicológico, sexual, económico o simbólico.
Además, existen otras formas de violencia reconocidas en estudios y legislación, como violencia de género, violencia familiar o doméstica, violencia estructural y social y violencia digital o ciberviolencia.
Las leyes son un instrumento esencial para articular esfuerzos gubernamentales y sociales que permitan prevenir la violencia, proteger a las víctimas, sancionar a los agresores y promover una cultura de respeto y equidad, asegurando así el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Es importante que incluyan modalidades de prevención y sanciones integrales porque permiten abordar la violencia y otros problemas sociales de manera completa y efectiva, no solo reaccionando ante los hechos, sino también evitando que ocurran.
El tratamiento de la violencia en el Código Penal cubano se regula con un enfoque integral que incluye la penalización de actos violentos y establece criterios específicos para la valoración de sanciones, que, en dependencia de las características de los hechos, las circunstancias concurrentes y la conducta del imputado pueden incluir la pena de muerte o la privación perpetua de libertad.
Se tipifican como delitos las acciones violentas que lesionan bienes jurídicos protegidos, aplicando el principio de lesividad social, es decir, solo se sancionan los actos que causan daño o ponen en riesgo bienes jurídicos, siendo los más representativos aquellos que atacan la vida, la integridad corporal, el patrimonio, la libertad sexual y personal, las funciones públicas y el orden público.
Se reconocen diferentes formas de violencia, incluyendo agresiones físicas, sicológicas y sexuales, y se tipifican delitos como asesinato, homicidio, lesiones, agresión, abuso y acoso sexual, atentado, desórdenes públicos, actos contra testigos, víctimas, perjudicados o peritos, coacción, amenazas; protegiendo así la vida, la integridad física, la libertad personal y el ejercicio pleno de las funciones públicas. El delito de robo con violencia o intimidación en las personas protege, además del patrimonio, la integridad física de la víctima. En el ámbito laboral se sanciona el acoso directo o indirecto a través de acciones de aislamiento, amenazas, exigencias o con cualquier otro acto o medio potencialmente capaz de producir ese fin.
En 36 figuras delictivas, el Código Penal incorpora modalidades con sanciones específicas que hacen referencia a la violencia de género y familiar o a motivos discriminatorios. Asimismo, establece sanciones accesorias para proteger a las víctimas, como la privación o suspensión de la responsabilidad parental, prohibición de acercamiento a esta o al perjudicado, sus familiares y personas allegadas, destierro o confinamiento del agresor.
Anterior al Código, la Ley del Proceso Penal amplió la protección a las víctimas de los delitos dando la posibilidad de ser representadas por un abogado de su elección y constituirse como parte en el proceso penal, lo cual supone una igualdad de derechos y oportunidades y disfrutar de garantías que les permitan defender sus derechos afectados y exigir las sanciones para el agresor.
El Código también busca garantizar la protección de la víctima y la aplicación de sanciones proporcionales, promoviendo una cultura de respeto y justicia en casos de violencia.
En resumen, el Código Penal cubano define la violencia en un marco de protección de derechos humanos y sociales, y su tratamiento legal se basa en la penalización de conductas violentas graves, la valoración contextual de la sanción, la protección integral de las víctimas y la promoción de la prevención y la justicia efectiva.