El Código de la niñez, adolescencias y juventudes reconoce la autonomía progresiva como un principio esencial para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este concepto parte de una realidad evidente: a medida que crecen, desarrollan gradualmente capacidades para comprender situaciones, expresar criterios, tomar decisiones y asumir responsabilidades de acuerdo con su nivel de madurez.
La autonomía progresiva implica reconocer ese desarrollo gradual y valorar la capacidad de cada niño, niña o adolescente para participar activamente en los asuntos que le afectan. Sin embargo, respetar esta autonomía no significa trasladarles responsabilidades que corresponden a las personas adultas, sino acompañar su proceso de crecimiento, escucha y toma de decisiones, siempre bajo la guía del principio del interés superior.
Una evaluación integral y centrada en el interés superior
La determinación de la autonomía progresiva requiere una evaluación integral, multidisciplinaria y contextualizada. No se trata de establecer una capacidad general o permanente, sino de valorar si el niño, niña o adolescente cuenta con la madurez y el discernimiento necesarios para participar en una decisión específica o ejercer un derecho determinado.
En los procedimientos administrativos, judiciales y extrajudiciales, esta evaluación corresponde a un equipo técnico asesor multidisciplinario, encargado de analizar diversos elementos que permiten conocer el nivel de comprensión, reflexión y autonomía de la persona menor de edad.
¿Qué criterios se tienen en cuenta?
Para evaluar la autonomía progresiva, los especialistas consideran múltiples factores relacionados con el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño, niña o adolescente. Entre los principales criterios se encuentran:
- La capacidad para comprender información relevante y prever las consecuencias de sus decisiones.
- El nivel de control emocional y autorregulación.
- La coherencia entre sus pensamientos, emociones y conductas.
- La consistencia y razonabilidad de los argumentos que expresa.
- Las experiencias de vida que hayan fortalecido su madurez y juicio propio.
- Su grado de autonomía en los ámbitos familiar, escolar y social.
- La existencia de influencias o presiones externas que puedan afectar la libre formación de su voluntad.
- La espontaneidad, reflexión y autenticidad con que expresa sus opiniones y decisiones.
- Otros elementos que el equipo evaluador considere necesarios para una valoración completa.
Una evaluación vinculada a situaciones concretas
Un aspecto fundamental es que la autonomía progresiva no se evalúa de manera abstracta ni definitiva. Su valoración siempre está asociada a una decisión o situación específica.
Por ejemplo, no se concluye simplemente que un niño o adolescente posee determinado nivel de autonomía. Lo correcto es determinar si cuenta con autonomía suficiente para decidir qué especialidad técnica desea estudiar, expresar su opinión respecto a una medida de protección que le afecta o participar en determinado procedimiento que involucra sus derechos.
De esta forma, la evaluación permite definir el nivel de participación, acompañamiento y apoyo que debe recibir para que su intervención sea efectiva y responda verdaderamente a su interés superior.
La autonomía evoluciona con el tiempo
La autonomía progresiva es dinámica. Por ello, cuando un procedimiento se extiende en el tiempo o se inicia uno nuevo, las autoridades competentes deben actualizar su evaluación, teniendo en cuenta los cambios que puedan haberse producido en el desarrollo del niño, niña o adolescente.
Esta actualización garantiza que las decisiones se adopten sobre la base de su situación actual y no de valoraciones realizadas en etapas anteriores de su crecimiento.
Asimismo, cuando no sea posible contar con un equipo técnico multidisciplinario, la evaluación puede ser realizada por un profesional especializado en psicología clínica e infantil, manteniendo los mismos estándares de rigor técnico y ético.
Una garantía para el desarrollo integral
Reconocer la autonomía progresiva significa comprender que la capacidad de participar en las decisiones no es estática. Se transforma, crece y se fortalece a medida que niñas, niños y adolescentes adquieren nuevas experiencias, conocimientos y herramientas para comprender su entorno.
Por ello, toda actuación que les involucre debe partir de una pregunta esencial: ¿estamos reconociendo realmente el grado de madurez y discernimiento que posee el niño, niña o adolescente para participar en esta decisión?
Responder adecuadamente a esta interrogante constituye una garantía para el respeto de sus derechos, el fortalecimiento de su participación y la protección efectiva de su interés superior.
