Aquella noche le rindió el cansancio tras un duro día de siembra. Bastó esa simple reacción, tan humana, para que el despertar le deparara la soga suelta en el potrero y la cuenta imprevista del robo de su yunta de bueyes.
Deshecho y con el puño crispado lo encontraron sus vecinos de la zona de El Cañón esa madrugada, cuando entre la rabia y la impotencia, solo pensaba en el tiempo y el sudor que le llevaría volver a reunir los 200 000 pesos que costaban aquellos animales.
No solo le habían llevado los bueyes, le habían arrancado el sostén de su vida de campo: su tractor, su medio de transporte y acarreo de agua, productos; su instrumento, su sustento.
La historia es real y con el sigilo de las fechorías, lamentablemente se multiplica en campos y zonas ganaderas de Santiago de Cuba, una provincia que, según reportes recientes, se encuentra entre las nueve del país en las que se ha manifestado este año con mayor fuerza y sistematicidad el delito de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor.
Perjuicios por doquier
Adalgenis González Cuevas, integrante del Buró Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) al frente de la esfera Agroalimentaria es enfático: “no es la única causa, pero el crecimiento de los hechos de hurto y sacrificio de ganado mayor tributa directa-mente a los actuales incumplimientos de la producción de leche y carne por parte del sector campesino, en cuyas áreas, funda-mentalmente en CCS y usufructuarios, pasta hoy el 85 % de los vacunos y équidos santiagueros.
“Contamos con 16 cooperativas ganaderas, que junto a otras estructuras agrupan a los 8 783 tenentes de ganado vacuno que contrataron este año la producción de carne y leche del sector; entre ellos es una realidad que la masa ganadera ha decrecido, y eso hace imposible cumplir con lo pactado en estos renglones básicos, fundamentalmente con la carne”, explicó el dirigente.
Además de las afectaciones a la alimentación de la población, refirió González Cuevas, tales hechos traen grandes perjuicios económicos para los dueños del ganado e impactan en la producción agrícola de las cooperativas, sobre todo en los tiempos actuales de dificultades con los insumos y carencias de combustible, en los que el empleo de la tracción animal es fundamental.
“Para los campesinos una yunta de bueyes, es mucho más que eso, es su instrumento de arar la tierra, su medio de transporte y traslado de mercancías y hasta la fuente de materias orgánicas para la fertilización de los cultivos; todo eso se pierde ante un hecho de este tipo”, recalcó Adalgenis González.
El fenómeno, acotó el dirigente anapista, está presente en los nueve municipios santiagueros; pero cobra mayores dimensiones en Songo-La Maya, Contramaestre, Palma Soriano, San Luis y Santiago de Cuba, territorios que concentran la mayor cantidad del ganado. En todos, no pocas veces los efectos en los potreros del empeño taimado y persistente de los matarifes, desestimula y siembra el desaliento entre propietarios y tenentes de ganado.
Integración, más allá de las reuniones
Cualquier intercambio o análisis en los que se aborde el tema muestra la curva negativa y la tendencia al incremento de los hechos, que entre corrales y áreas abiertas, n noches y madrugadas y a veces hasta a la luz del día, muestran las más diversas manifestaciones.
Y aunque están bien claros conceptos como que el cuidado de los animales es responsabilidad de los dueños y sus estructuras, se coincide en que solo la integración verdadera y en el terreno de todos los factores en función de la prevención, más allá de las reuniones, alejará el delito de los potreros.
Justamente la poca cohesión entre todos los implicados, el débil accionar de los Destacamentos de Vigilancia y sus Patrullas Campesinas, y en general el escaso control de la masa ganadera por los propietarios, ya sean del sector estatal o particular, son brechas que hoy abren el camino a la proliferación de estos hechos.
La falta de seguridad de las áreas donde pasta el ganado, el mal estado del cercado perimetral, animales que duermen fuera de los corrales en las noches, y la falta de vigilancia en las áreas de pastoreo, entre otras vulnerabilidades objetivas, unidas a la compleja situación económica por la que atraviesa el país, son causas poderosas que propician la comisión de estos delitos, insisten las instituciones vinculadas con su enfrentamiento.
Una investigación desarrollada por los órganos del Ministerio del Interior en la provincia en busca de las causas y condiciones del incremento de los hechos, apunta también hacia el descontrol de la masa ganadera, fundamentalmente entre los particulares, como la gran sombrilla que agrupa violaciones relacionadas con el manejo y rotación de los animales, entre estas compra ventas ilegales, no inscripción en el registro, traslados entre municipios no autorizados y el tránsito sin la documentación acreditada.
El citado estudio detectó 1 662 nacimientos sin informar, 818 compraventas ilegales, 485 animales sin marcar, 4 475 faltantes en propiedad, 1 148 muertes sin el consentimiento de la entidad facultativa y la documentación requerida, y no pocas ilegalidades asociadas con los propietarios reales, el 45 % de los cuales se encontraban fuera del país y otros 356 habían fallecido.
Brechas en la vigilancia
Para Yuneisy Calunga La O, miembro del Buró Provincial de la Anap para atender la educación y el trabajo político-ideológico, la efectividad en la neutralización de los delitos contra el ganado está en la labor preventiva, por eso desde la dirección de las estructuras campesinas apuesta por vigorizar el sistema de trabajo conjunto entre instituciones como la PNR, el Minint, la Fiscalía, el Ministerio de la Agricultura y las 306 cooperativas con sus respectivos Destacamentos de Vigilancia y las 978 patrullas que los componen.
Según Calunga La O en la provincia se tienen identificadas unas 38 zonas proclives para la comisión de delitos como el hurto y sacrificio de ganado y en estas se acciona con énfasis a través de plenarias y talleres de enfrentamiento, en los que se reflexiona y amplifican buenas prácticas.
Pero en el día de las estructuras campesinas, la imprescindible vigilancia se resiente desde realidades muy objetivas como que todas las cooperativas no disponen de un jefe de seguridad y protección, que por ejemplo, organice las guardias según sus características y necesidades; el número de auxiliares de la PNR es insuficiente y los sistemas de denuncias no logran una operatividad en correspondencia con los hechos.
Por otro lado, al no disponer de los debidos medios de protección, los integrantes de las patrullas se sienten en desventaja en un posible enfrentamiento con los malhechores en las habituales rondas de patrullaje. “Salimos sí, y hacemos los recorridos, pero con un palo no se puede enfrentar a delincuentes que portan armas blancas y otras y vienen dispuestos a todo”, recalcan campesinos entrevistados.
“Son retos ante los que no estamos cruzados de brazos -insiste Calunga La O-, trabajamos en la selección de asociados con disposición para acreditarlos como auxiliares de la PNR, ofrecemos talleres para capacitar a los activistas de denuncias, diseñamos recorridos y hacemos propuestas para responder a las inquietudes de los asociados”, recalcó.
Frenos a la escalada
Santiago de Cuba apuesta por integrar esfuerzos en pos de acorralar las fechorías contra el ganado, pero la realidad indica que está costando ponerle frenos a la escalada de estos hechos, que se ubican entre los principales delitos económicos en la provincia.
En lo íntimo de fincas y entornos ganaderos, no son pocos los campesinos y propietarios que concuerdan en que los mecanismos jurídico legales no siempre les respaldan en el propósito de desterrar el fenómeno.
“En todas las reuniones y procesos de la Asociación, nuestros campesinos nos expresan esa insatisfacción, que los protocolos legales no les ayudan a contrarrestar los hechos; son tantas las pruebas que hay que presentar que a veces, aunque se haga la denuncia, el malhechor llega primero a casa que el afectado”, aporta en nombre de las estructuras que representa Nurisbel Laustannau, presidenta de la Anap en el municipio Santiago, un territorio en el que hasta el cierre de noviembre se reportaban 11 hechos de hurto y sacrificio y se habían hecho más de un centenar de denuncias por supuestos ilícitos de este tipo.
Aunque advierte que los niveles de descubrimiento de los autores y la respuesta a estos hechos no es la que los afectados demandan, la Máster en Ciencias Elizabeth Govea Maceo, jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial, ratifica la proyección de severidad de la política jurídico penal ante estos actos.
La Fiscalía General de la República, asegura la jurista, ofrece a estos ilícitos un seguimiento permanente y el tratamiento riguroso que cada caso amerita, que abarca desde la imposición de medidas cautelares de prisión provisional hasta la solicitud a los tribunales de justicia de penas severas para los autores.
Las principales tipicidades delictivas que se vinculan a estos hechos, explicó Govea Maceo, corporifican delitos de hurtos, robos con fuerza en las cosas; robos con violencia o intimidación en las personas, apropiaciones indebidas; incumplimientos del deber de preservar bienes en entidades estatales; receptación y el sacrificio ilegal y tráfico de las carnes, este último reformulado con la puesta en vigor del nuevo Código Penal.
No habrá impunidad
La proyección de rigor e integración en el enfrentamiento a las conductas delictivas contra el ganado es suscrita igualmente por las estructuras de la Policía Nacional Revolucionaria; así lo confirmó el Mayor Romilio Vico, primer oficial de la jefatura de ese Órgano.
Ante el incremento de los hechos, precisó, el enfrentamiento es multifactorial y apunta a contrarrestar sus causas y condiciones.
De hecho, por violaciones a lo establecido y conductas delictivas relacionadas con la masa ganadera, informó, han sido imputados en la provincia 256 ciudadanos por denuncias o acusación falsa, incumplimiento del deber de denunciar y de preservar los bienes en entidades estatales, falsificación de documentos, entre otras ilegalidades; se aplicaron 548 contravenciones y 787 propietarios fueron presentados a la comisión de la masa ganadera.
Asimismo, unos 117 equinos y vacunos fueron ocupados en cierres operativos en vías de desplazamiento, en el momento que eran trasladados para su posible sacrificio, ilícitos que derivaron en imputaciones por receptación y hurtos; y los actos de sacrificio ilegal denunciados por la población, son llevados a procesos penales de conjunto con la Fiscalía con el rigor penal que demandan los perjuicios que ocasionan, detalló.
Con la integración de todos los factores, continuaremos enfrentando estas conductas delictivas, aseveró el representante de la PNR, y la frase se perfila como el único camino para que el despertar de labriegos y ganaderos se aleje cada vez más de la soga suelta y la cuenta indeseable del delito.
