La especialidad de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales (PFAJ) de la Fiscalía General de la República desarrolla este martes, 16 de septiembre, su reunión anual de trabajo, presidida por la titular del órgano Yamila Peña Ojeda, la Vicefiscal General de la República, Alina Montesino Li y en la cual participan, además, fiscales de esta dirección en el órgano central, jefes de los departamentos provinciales, del municipio especial Isla de la Juventud y los fiscales jefes de las direcciones de Atención a los Ciudadanos, Procesos Penales; Formación, Desarrollo e Innovación y Comunicación Institucional.
En las palabras de inicio, la Fiscal General reconoció la importante labor que se desarrolla por esta especialidad de trabajo, que requiere de mucha sensibilidad y superación permanente. Precisamente, significó que estos encuentros se convierten en una acción de preparación en correspondencia con las transformaciones legislativas que vive el país.
Peña Ojeda definió como un reto lograr la mayor integración entre todos los procesos de trabajo del órgano, con una mirada integral a las diversas problemáticas que atiende esta especialidad, en el que la experticia de los fiscales que laboran en ella tiene que contribuir a alcanzarlo.
La agenda de la reunión inició con una intervención virtual del Dr.C. Leonardo Pérez Gallardo, notario y Profesor Titular de Derecho Civil y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, sobre la intervención del fiscal en los asuntos notariales en correspondencia con la Ley del Notariado que entrará en vigor en enero de 2026.
El jurista, ratificó que el fiscal dictamina en los asuntos notariales, lo que le da un extraordinario valor a su intervención, y en ello llama la atención sobre los artículos 3, 5 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño para ofrecer ese dictamen, en lo que concierne al derecho a ser escuchado, siempre propiciando la escucha atendiendo a la capacidad progresiva del niño, a velar por su interés superior y a las responsabilidades parentales y de los miembros de la familia.
«El mayor énfasis lo realiza en ese derecho a participar en esa responsabilidad institucional de que sea escuchado», destacó.
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