Defecto o falta total de capacidad, de aptitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. Ineptitud. Incompetencia. Falta de habilidad, entendimiento y de cualidades de mando. En Cuba existe un diseño normativo encaminado a la protección
jurídica e institucional de los declarados incapaces. La legislación civil, por ejemplo, dedica regulaciones específicas a este tema, con especial énfasis a los llamados por ley especialmente protegidos. Se encuentra designado, además, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el encargado de la dirección y control de la política laboral y del Programa de Empleo para las Personas con Discapacidad (PROEMDIS), en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), el Ministerio de Educación (MINED), las Asociaciones de Personas Discapacitadas, la Dirección de la Empresa de Industrias Locales Varias y, en especial, con la CTC. Las regulaciones en materia laboral prevén también la jornada de trabajo reducida para los casos de invalidez parcial, la reubicación, calificación o recalificación de los trabajadores que no pueden continuar su actividad habitual por haber sido declarados inválidos parciales; el incremento de la pensión cuando la invalidez fue originada por accidente de trabajo o enfermedad profesional y el incremento sobre la cuantía de la pensión por la misma causa. No puede dejarse de mencionar el papel de la Fiscalía, llamada entre sus funciones a asumir en procesos civiles, de familia y en cualquier otro tipo, la representación de personas incapaces que carezcan de representante legal o cuando los intereses de dicho representante sean contrapuestos al del incapaz. Le corresponde además al fiscal, como representante legal de las personas declaradas judicialmente incapacitadas, dirigir sus funciones y conducta, promover la institución de un tutor legal.



















