Apoderamiento que realiza el Estado de la propiedad ajena por motivos de utilidad pública, o interés social, y previa indemnización. En Cuba deviene un proceso tramitado ante el Tribunal Provincial por parte de la administración para adquirir, mediante pago o compensación, la propiedad particular específica por causa de utilidad pública o interés social.
Entrega del comisor de uno o varios delitos refugiados en un país determinado a las autoridades del Estado que lo reclama a partir de solicitud presentada por el gobierno. En Cuba la legislación penal contempla que el ciudadano cubano no puede ser extraditado a otro Estado, y que con los extranjeros solo se lleva a cabo de conformidad con los tratados internacionales o, en su defecto, de acuerdo con la ley cubana, y no procede sobre estos últimos en los casos en que hayan combatido al imperialismo, al colonialismo, al neocolonialismo, al fascismo, al racismo o por haber defendido principios democráticos o los derechos del pueblo. Solo puede solicitarse la extradición de los cubanos que, habiendo cometido el delito en el país, hayan evadido la acción de la justicia y se encuentren en el extranjero; los extranjeros que hayan cometido el delito en Cuba y se encuentren evadiendo la acción de la justicia en país distinto al suyo; y los ciudadanos cubanos y extranjeros que habiendo delinquido en el extranjero, sea al tribunal cubano que le corresponda conocer de él de acuerdo con lo que ley establece.
Persona que acredite a través de un pasaporte vigente, o documento equivalente expedido a su nombre, ser ciudadano de otro Estado sin ser ciudadano cubano.
Apreciación de la administración que está encaminada a satisfacer el interés público valorando las condiciones existentes para dictar el acto oportuno sobre la base de la satisfacción del espíritu objetivo de la norma. Dicho interés de atender será el establecido como contenido de la norma autorizante de la discrecionalidad. El fin de objeto de la discreción debe estar contenido en ley, no pudiendo violar esta facultad la prohibición que ella regula. Tal expresión no debe confundirse en su esencia con el acto administrativo, que persigue fines administrativos. Aun cuando se ha concebido que contra esta facultad ejercida no cabe recurso alguno, la práctica jurídica cubana se ha proyectado hacia la protección de los derechos subjetivos de las personas, y siempre que se consideren vulnerados, se puede acudir ante el órgano jurisdiccional para que él revise el actuar de la administración. Esta facultad no puede violar la prohibición de la ley; lleva todos los atributos, contenidos y límites que tenga la administración, y no se debe identificar con el acto administrativo.
Voluntariamente, sin que sea de obligatorio cumplimiento.



















