
La Constitución de la República de Cuba aborda en el artÃculo 101 la estructura del Estado. De manera preceptiva establece que sus órganos integran y desarrollan su actividad sobre los principios de la democracia socialista, en cuyas reglas está la rendición de cuenta de la gestión realizada.
Siendo la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el órgano supremo de poder del Estado, el mecanismo de rendición de cuenta se realiza cumpliendo los principios de periodicidad, publicidad, objetividad y transparencia. Este forma parte del sistema de pesos y contrapesos para la evaluación del desempeño de los órganos inferiores, a los cuales hace recomendaciones para mejorar su gestión.
A ese fin la Ley No. 131/2019 de Organización y Funcionamiento de la ANPP y del Consejo de Estado, establece sus atribuciones respecto a conocer, evaluar y adoptar decisiones sobre los informes que le presenten el Consejo de Estado, Presidente de la República, Primer Ministro, Consejo de Ministros, Tribunal Supremo Popular, FiscalÃa General de la República (FGR), ContralorÃa General de la República, los órganos de la Administración Central del Estado y los gobiernos provinciales.
A nuestro órgano le ha correspondido con sistematicidad rendir cuenta de su gestión, ante el máximo órgano legislativo cubano. En tal sentido, recordamos, por su gran trascendencia, las palabras del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, en el discurso de clausura del X PerÃodo Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre de 2017, cuando expresó:
“En esta sesión rindieron cuenta la FiscalÃa General de la República y el Tribunal Supremo Popular, órganos que por la importancia que revisten en el fortalecimiento de la institucionalidad y de la disciplina social requieren el apoyo y la atención permanente en el desempeño de las misiones encomendadas, asà como respetar sus atribuciones, independencia y el cumplimiento estricto de las decisiones que emitan. Al propio tiempo debe exigirse a sus integrantes un comportamiento ético y el compromiso invariable con el pueblo y la Revolución.
En este ejercicio se evidenciaron los avances que ambas instituciones han demostrado en el cumplimiento de las funciones que les competen por la Constituciónâ€.
En ese momento se realizaron recomendaciones, algunas de ellas compartidas con el Sistema de Tribunales, de las que se informó el pasado mes de julio de 2022, el estado de su cumplimiento durante la etapa 2017-2021.
Para este ejercicio se diseñó una estrategia, presentada en diciembre de 2021 al Presidente de la Asamblea quien reflexionó que “este proceso de rendición de cuenta acontece en un momento cualitativamente superior, debido a la profunda reforma judicial y procesal desarrollada en el paÃs, a partir de la reciente aprobación por la Asamblea Nacional de importantes leyes que complementan aspectos esenciales establecidos en la Constitución de la República en materia jurÃdica, en función de respaldar y defender a nuestro puebloâ€.
La FiscalÃa General de la República desarrolló el mismo con la transparencia, objetividad, autocrÃtica y sencillez que la caracteriza.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y JurÃdicos reflejó que el órgano logró fortalecer su gestión, apreciándose resultados positivos de manera general, siendo de significar la actividad referida a las verificaciones fiscales y la atención a quejas formuladas por la población.
Del mismo modo, apreció el trabajo decidido en el perfeccionamiento de la estructura del órgano y en la capacitación y asesoramiento a sus instancias provinciales y municipales.
Un aspecto sobre los que interesó la ANPP que la FiscalÃa le informara, fue el referido al estado de la calidad de los procesos penales, tema respecto al cual, también se pronunció en el dictamen aprobado en 2017.
Finalmente, el Parlamento aprobó el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y JurÃdicos mediante el Acuerdo IX-147 publicado en la Gaceta Oficial, con las siguientes recomendaciones:
1. Incrementar y consolidar las acciones para incentivar la incorporación de fiscales y su permanencia en la institución.
2. Realizar los análisis y estudios que se requieran, asà como, adoptar las medidas necesarias para garantizar revertir las insuficiencias que se aprecian en los procesos penales a su cargo.
3. En atención al redimensionamiento de su gestión que formula la Constitución de la República, garantizar con prioridad la atención de los fiscales a los procesos penales, adoptando oportunamente las medidas necesarias para evitar fisuras en esta misión fundamental.
4. Delimitar y redimensionar adecuadamente la intervención del fiscal en el control de la legalidad en la investigación penal
5. Fortalecer e imprimir la calidad y sistematicidad requerida a la actividad de supervisión del trabajo de los fiscales municipales, dada la relevancia de las funciones que se desarrollan en esa instancia a cargo de los fiscales más jóvenes y de menos experiencia.
6. Efectuar un reanálisis de su plantilla, a partir del cúmulo de tareas que se derivan hacia este órgano con las nuevas leyes aprobadas, realizando las propuestas que correspondan.
7. Continuar incrementando las acciones de capacitación de sus efectivos, asegurando la combinación de los conocimientos derivados de la doctrina del derecho con la práctica derivada de la aplicación de la legislación vigente.
8. Desarrollar una amplia y permanente actividad de comunicación social encaminada a elevar la educación jurÃdica de nuestro pueblo en el ejercicio de sus derechos.
9. Que los gobiernos provinciales y las asambleas municipales del Poder Popular que continúen prestando la debida atención a las FiscalÃas de sus territorios, y que se retome en lo posible, el programa de atención integral a los fiscales.
En nuestro portal web usted puede acceder al Informe de rendición de cuenta del órgano a la ANPP, asà como a múltiples informaciones sobre cómo la fiscalÃa cubana desarrolló dicho proceso, y próximamente se informará sobre las acciones para dar cumplimiento a las recientes recomendaciones.



















