Cuba ha logrado avances significativos en la compleja tarea de crear las condiciones sociales, materiales y jurídicas, para propiciar la realización, protección y disfrute de los derechos de sus niños, niñas y adolescentes, a pesar de la difícil situación de bloqueo a la que nos enfrentamos, desde hace más de 60 años.
Desde el inicio del triunfo de la Revolución en 1959 existe una permanente voluntad del Estado y el Gobierno por la protección integral de la infancia, ello tiene su expresión en la puesta en práctica de políticas sociales concretas, encaminadas a garantizar que los niños y niñas tengan asegurado el ejercicio y la protección de todos sus derechos desde su nacimiento.
La Fiscalía General de la República desempeña un rol importante en la salvaguarda e implementación de esas políticas y medidas. El artículo 156 de la Constitución de la República establece que es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos.
La Ley No. 83 de 1997 de la Fiscalía General de la República dispone entre las funciones de los fiscales, representar y defender a los menores de edad que por cualquier causa, queden en situación de desamparo filial o ausentes de representante legal, hasta que se les provea de tutores, representantes o encargados del cuidado de su persona y de la defensa de sus bienes y derechos.
También les encomienda, comprobar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones sobre el tratamiento a menores de edad acogidos en instituciones asistenciales (hogares para niños sin amparo familiar) y de los que presentan trastornos de conducta o cometen hechos previstos en la ley como delitos.
En cada una de las fiscalías radicadas en los municipios y provincias del país existen fiscales designados para esta importante misión. Por la Resolución No. 33/2016 se creó en la Fiscalía General de la República la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, entre cuyos objetivos está potenciar aún más la atención de las problemáticas que puedan afectar a las familias y ofrecer una atención más especializada a sectores vulnerables, fundamentalmente niños, niñas y adolescentes.
Su constitución se fundamenta en el perfeccionamiento de las funciones relacionadas con la protección de los derechos de todas las personas, de manera particular los menores de edad, las mujeres y los ancianos, para garantizar el cumplimiento con eficiencia de las funciones de la Fiscalía sobre protección de los derechos ciudadanos.
El interés superior del niño que propugna la Convención sobre los Derechos del Niño, llevado al artículo 86 de la Constitución de la República, es tomado en consideración en cada una de las acciones que desarrollamos para el cumplimiento de nuestras funciones legales, y en cumplimiento de lo dispuesto.
Los fiscales asisten sistemáticamente a los hogares e instituciones dedicadas a la tutela, atención y educación de menores de edad sin amparo familiar, para conocer su situación legal y cuidar y exigir por la protección sus derechos, bienes e intereses; comprobar el cumplimiento de los principios constitucionales y las normas vigentes que regulan el funcionamiento de estos centros; realizar labor de prevención social con trabajadores y familiares, y coadyuvar con nuestra actuación a evitar la estancia prolongada de los niños y niñas en estas instituciones a partir de su incorporación a su medio familiar.
En función de la protección de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes acogidos, el fiscal colabora con la situación particular de cada uno de ellos, verifica los trámites y procesos judiciales que en el orden legal requieren para el ejercicio de estos, así como, aquellos que requiere para lograr su reinserción familiar.
Ejemplo de ello son las acciones que se desarrollan para incidir sobre la adecuada comunicación de estos con sus representantes legales, de los que han sido alejados por situaciones ajenas a su voluntad, ya sea porque extinguen sanciones privativas de libertad o porque sus condiciones mentales o de otra índole no les permiten la atención directa; en otros casos, se realizan las investigaciones necesarias para la promoción de procesos de suspensión o privación de los derechos paternos filiales cuando los incumplimientos de aquellos son de carácter grave, permitiendo su adopción o tutela por familias con interés y condiciones para acogerlos, brindarles amor y cariño.
Ante violaciones de lo legalmente establecido, el fiscal se pronuncia para el restablecimiento de la legalidad, y en ese sentido colabora con la rápida solución de las problemáticas que se identifican, incluidas las acciones que se ejecutan para garantizar el egreso de los jóvenes que arriban a su mayoría de edad, con vistas a que se les provea de los medios materiales para la satisfacción de sus necesidades y su independencia social y económica.
Estas visitas son un espacio propicio para abordar, desde una óptica preventiva y de educación jurídica de niños y trabajadores, los derechos y garantías que la Constitución y las leyes, así como, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establecen en función de la adecuada formación, desarrollo y preparación para el futuro.
Pero la actividad de la Fiscalía en defensa de los derechos de la infancia no es solo en el ámbito administrativo; sino también en actuaciones judiciales. Por disposición de la ley, los fiscales ejercitan acciones y ejercen la representación procesal de la administración general del Estado ante los Tribunales, en una amplia gama de asuntos civiles y de familia.
También el Fiscal tiene la encomienda de representar y defender a niñas, niños y adolescentes hasta que se les provea de tutores, representantes o encargados del cuidado de su persona y la defensa de sus bienes y derechos.
La Fiscalía es requerida para emitir su dictamen en todo expediente de adopción y en los que se presentan alegando causas de utilidad y necesidad, con la pretensión de disponer de los bienes propiedad de infantes. También es parte demandada en los procesos relativos al reclamo de su filiación o la impugnación de su reconocimiento y en los que se discute acerca de su guarda y cuidado y régimen de comunicación con sus padres.
Está legitimada igualmente para establecer por su cuenta demandas de suspensión o privación de la patria potestad cuando existen motivos justificados para ello y participa en los procesos de este tipo que se presentan a instancia de uno de los padres contra el otro. A la Fiscalía corresponde el ejercicio de la acción necesaria para la constitución de la Tutela, cuando legalmente proceda, con el propósito de garantizar la guarda y cuidado, educación y defensa de los derechos y la protección de los intereses patrimoniales de los menores de edad que no estén bajo patria potestad.
En los procesos vinculados al Derecho de Familia, a partir de la investigación realizada y la participación en los actos procesales, los fiscales aportan elementos importantes para el Tribunal, con el objetivo de que prevalezca en su decisión lo que resulte más favorable a los intereses de los menores de edad.
Esta forma de actuación se mantiene y amplía a partir de la puesta en vigor del nuevo Código de Procesos, en el que se perfecciona la forma de escuchar a los infantes, en las cuestiones que les compete y en correspondencia con su edad y madurez; así como, de conducir los asuntos, evaluar y adoptar las decisiones, siempre en función de su interés superior.
La protección a los niños que resultan ser víctimas de delitos o sufran desatención de sus padres o tutores, es parte del accionar de los fiscales, a los que corresponde profundizar en las causas de estos fenómenos, controlar las investigaciones penales que se inicien, sostener la acusación ante los tribunales, aportando las pruebas necesarias para probar los hechos y procurar que sean sancionados los autores.
Durante la tramitación de los procesos penales, se efectúan intercambios con los representantes legales de los menores víctimas o de los familiares que los atienden, para informarlos sobre las características del proceso penal al que se enfrentan, las decisiones procesales que se van adoptando, se aclaran las dudas y se ventilan inconformidades, en función de minimizar los efectos en los infantes; se coordina, cuando resulta necesario su atención médica o psicológica.
Para la formulación de denuncias, quejas o peticiones, la Fiscalía General de la República, garantiza que todos los ciudadanos, especialmente niños, niñas y adolescentes cuenten con todas las garantías. A esos fines, se activó desde el 2014 una línea telefónica disponible las 24 horas del día, para atender personas desde cualquier lugar del territorio nacional, la que unida a otras vías que se han implementado – atención personal, correo postal y electrónico, entrega personal de escritos; buzón, portal web, perfiles de la institución en Facebook y Twitter, redes sociales y plataforma bienestar-, permite ofrecer atención a los menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A ello se suma la información que se recibe de la interacción del órgano con los organismos que integran los grupos de Prevención Social a los distintos niveles.
