Uno de los temas más acuciantes por estos días es la presencia de coleros, acaparadores y revendedores en las tiendas y su impacto negativo en el desarrollo social. El país ha llamado a un enfrentamiento de este mal que no es nuevo, pero se ha exacerbado en la actual situación sanitaria que vive Cuba.
Sobre este tema conversamos con Daysi Ramírez Naranjo, Fiscal jefa de la provincia de Matanzas.
-¿Cuál es el papel de la Fiscalía como parte del sistema de Derecho en este asunto?
“La Fiscalía General de la República como órgano de control del Estado ha tenido desde el inicio de la pandemia una actuación consecuente con nuestras funciones para poder garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana”.
Recientemente se emitió la Resolución 47 del 2020, una norma que especifica el modelo de actuación en el enfrentamiento a las ilegalidades y delitos que afectan la estrategia económica-social del país. ¿Cuál es la novedad del instrumento jurídico?
“Este modelo de actuación no dista de las funciones que tiene establecido nuestro órgano en la Constitución de la República y la Ley de la Fiscalía. Se trata de adecuar o de tomar de los ordenamientos jurídicos aquellas figuras que sean más eficientes en el enfrentamiento, de ahí que actuemos en todas las esferas de nuestro órgano”.
-¿Sobre quienes se actúa en este caso?
“En los procesos penales el enfrentamiento del Ministerio del Interior, como órgano que opera en primera instancia, está dirigido a los coleros, revendedores y acaparadores no a las personas que tienen que hacer colas para adquirir los productos, sino sobre aquellos que viven y hacen un negocio de hacer colas”.
¿Cuáles son estos delitos e ilegalidades que se van a enfrentar con mayor fuerza y que recoge nuestro Código Penal?
“Por ejemplo, la actividad económica ilícita, la especulación, el acaparamiento, pero hay otras conductas contra los agentes de la autoridad que estén actuando para garantizar el orden en esas colas donde se produzca”.
¿Se trata solamente de enfrentamiento?
“No, también se habla de prevención de ahí que se hagan advertencias legales emitidas por la autoridad competente, o la propia comunidad puede aconsejar. Hay que hacer una diferenciación porque no todas las personas que han cometido estos hechos son iguales, muchas con una llamada de atención reaccionan, hay ciudadanos que no.
A los comisores de estos delitos tipificados en el Código Penal se les pueden aplicar sanciones accesorias además de las penas principales.
“Si podemos hablar del decomiso y la confiscación de bienes que se obtuvieron producto de esa actividad lucrativa o que se empleen para la comisión como inmuebles, vehículos y otros artículos. Está la sanción accesoria de prohibición de frecuentar lugares o la de destierro. Todo esto son alternativas que se pueden combinar con las sanciones principales”.
¿A dónde se puede dirigir la ciudadanía para denunciar estos hechos?
“En el orden de la atención al ciudadano estamos listos para recepcionar y tramitar todas las denuncias que realice la población a través de la línea única, la comparecencia en las oficinas, la página web, y las redes sociales. Es decir que hay múltiples vías de poder denunciar las cuestiones que los ciudadanos consideren que entorpecen el buen desarrollo de la estrategia económica y social diseñada por el país”.
Tomado de: Radio 26
