Por: Miguel Angel García Alzugaray
A través de la vida laboral hay actividades que se llegan a querer como a un hijo, tal vez por el amor que se deposita en las mismas y las dificultades que se deben superar para verlas crecer y desarrollarse. En mi caso, una de ellas es sin duda la del Centro de Documentación e Información de la Fiscalía General. Sirva este relato para dar a conocer algunos aspectos interesantes de este proyecto.
En sus orígenes, este Centro fue una modesta biblioteca con solo un centenar de libros, revistas y folletos, creada en 1982, a iniciativa del Fiscal General de la República Idalberto Ladrón de Guevara, con el objeto de apoyar la realización de las actividades del Departamento de capacitación de nuestro órgano. No tenía un local propio. De hecho, fue durante varios años solo un rústico librero a lo largo de las paredes de la entonces Dirección de Cuadros y Capacitación que fue creciendo paulatinamente con las nuevas adquisiciones bibliográficas.
En 1984, para sistematizar este trabajo, se creó la plaza de bibliotecaria que fue cubierta por una recién graduada de licenciatura en Información Científico Técnica que comenzó la catalogación de los materiales existentes.
En 1986, el Fiscal General Ramón de la Cruz Ochoa a la vez que subordinó esta actividad al recién fundado Departamento Independiente de Relaciones Internacionales, le imprimió un nuevo impulso, al convertir oficialmente la biblioteca en un pequeño Centro de Documentación y dotarlo de un local propio que aunque reducido, poseía dos técnicos en información científica y bibliotecología por plantilla, un área de lectura, y lo que fue muy importante, presupuesto anual para adquirir libros y revistas jurídicas nacionales y extranjeras.
Como tareas novedosas del pequeño centro se planteó las de impulsar la creación de bibliotecas jurídicas en las fiscalías provinciales a las que se remitían libros y materiales adquiridos en el nivel central, el análisis referativo del contenido de libros y documentos archivados, así como asegurar la cooperación con la revista Legalidad Socialista de la Fiscalía General, y la traducción de artículos jurídicos de las revistas extranjeras que eran publicados en un boletín trimestral, que reproducido inicialmente a mimeógrafo, llegó a editarse en imprenta.
Al inagurarse en 1991 la Escuela Nacional para Fiscales de Arroyo Naranjo, que todos llamaban el Instituto de Capacitación, el personal, medios técnicos y fondos bibliográficos del Centro de Documentación fueron transferidos a la misma para facilitar la labor de su biblioteca docente que se mantuvo activa mientras funcionó la escuela.
Tras unos años de interrupción motivada por la mudada del órgano central de la Fiscalía, en 1999 después de crearse el Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho (IDID), los fondos y personal de la precitada biblioteca, por indicación del Fiscal General, se reintegran a la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración, a fin de que sumando sus fuerzas y medios se pudiera reconstituir el Centro de Documentación a un nivel superior de desarrollo.
De esta forma, entre el 2000 y el 2003, el Centro recibió importantes donaciones de enciclopedias jurídicas, diccionarios, manuales y monografías de autores extranjeros sobre diferentes esferas del Derecho, así como muebles, modernos anaqueles metálicos y medios de computación que permitieron habilitar su amplia sala de lectura y consulta, ubicada en la planta baja del edificio que ocupaba entonces la Fiscalía General, en Amistad entre Monte y Estrella.
En esta etapa quedó definido que a diferencia de la anterior biblioteca, la tarea fundamental del Centro de Documentación e Información debía ser el análisis y difusión documental de contenido, para lograr una mejor recuperación de la información, utilizando las nuevas tecnologías.
Además, en atención a que el incremento sistemático de la superación profesional y la formación académica y cultural del personal de la Fiscalía General de la República, así como de las instituciones y organizaciones jurídicas del país, se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo y utilización de la información científico-técnica en las distintas esferas de su actividad, el Fiscal General de la República Juan Escalona Reguera, mediante su resolución No. 86 del 6 de abril de 2005, estableció una serie de regulaciones reglamentarias que contribuyeron a perfeccionar la organización y funcionamiento del precitado Centro de Documentación e Información.
Conforme a las mismas, dicho Centro quedó integrado por un especialista en información científico-técnica, dos bibliotecarias, un técnico en gestión documental y archivística y una oficinista. Además, el personal permanente del IDID apoyaba su actividad.
En su estructura contaba con:
-Biblioteca y hemeroteca
-Sala de Lectura
-Bases de datos de informaciones digitalizadas.
-Fondos históricos de la Fiscalía General (constituido por varios cientos de ponencias debatidas en los eventos internacionales de la Fiscalía).
En su reglamentación se especificaba que integraban el fondo de la Biblioteca los materiales bibliográficos, referativos, seriados y de consulta que poseía con independencia de su soporte material y su tipología documental, fueran adquiridos a cargo del presupuesto de la Fiscalía o procedentes de intercambio, donaciones y legados de otras personas físicas y jurídicas.
Eran funciones de la Biblioteca del Centro de Documentación e Información:
a) Adquirir los fondos bibliográficos y documentales necesarios de acuerdo con las líneas de estudio e investigación de la Fiscalía General de la República.
b) Procesar, conservar y difundir los fondos bibliográficos y documentales propios, de acuerdo con las normas, recomendaciones y convenios vigentes, tanto nacionales como internacionales.
c) Garantizar el conocimiento y uso de dichos fondos, así como facilitar el acceso a la información disponible en otras bibliotecas y centros de información.
d) Participar en programas y convenios que tengan como objetivo el mejorar sus propios servicios, integrarse en redes y sistemas de información que potencien sus objetivos, y cualquier otra acción encaminada a la optimización de sus recursos y servicios.
Quedó especificado también que la actividad relacionada con la conservación y uso de los materiales que integraban el fondo histórico de la Fiscalía General, se regiría por lo establecido al respecto por el Decreto Ley No 221, De los Archivos de la República de Cuba.
El Centro de Documentación e Información prestaba los siguientes servicios:
-Sala de lectura de la Biblioteca, con puestos reservados a los usuarios de la Fiscalía o de otras instituciones. La sala de lectura brindaba, según las posibilidades, el servicio de consulta de las Bases de Informaciones Digitalizadas del Centro de Documentación.
-Información bibliográfica especializada sobre temas y autores cuyas obras se encontraban en el Centro.
-Préstamo de libros y revistas a usuarios de la Fiscalía General, de conformidad con las regulaciones establecidas al respecto.
-Préstamo e intercambio interbibliotecario, servicio que podía brindarse por correo electrónico para el suministro de los documentos digitalizados solicitados.
-Reproducción de documentos, mediante fotocopia, para las necesidades oficiales de las direcciones de la FGR.
-Búsqueda mediante Internet, previa solicitud del usuario, de artículos y monografías jurídicas de autores nacionales y extranjeros.
-Consulta de obras en CD-ROM. El Centro de Documentación permitía la consulta de bases de datos y obras de referencia en CD-ROM y DVD-ROM que se poseían.
Los procesos y servicios técnicos del Centro de Documentación e Información estaban encomendados al personal especializado de la misma, aunque la Biblioteca podía contar con personal insertado para ayudar en las tareas técnicas y auxiliares y en sus servicios, para lo cual mantenía coordinaciones con la facultad correspondiente de la Universidad de La Habana.
Además del personal de la Fiscalía General de la República, estaban autorizados a tener acceso a la Biblioteca del Centro de Documentación e Información, los especialistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint), de las instituciones y organizaciones jurídicas, así como los estudiantes de las facultades de Derecho del país que necesitasen consultar sus fondos.
En su etapa de mayor dinamismo, la sala de lectura llegó a prestar servicios a entre 20 y 30 usuarios diarios, cifra que se incrementaba significativamente en época de los exámenes universitarios.
El Centro estaba facultado, previa autorización del Fiscal General, a mantener convenios de colaboración en la medida de lo posible, con Centros de Documentación e Información homólogos, con el fin de de perfeccionar su actividad y mantener el nivel científico en las tareas encomendadas.
Sobre la base de los materiales procesados por la biblioteca y el IDID, así como con la búsqueda sistemática en Internet, entre 2005 y el 2010 se crea el Centro de Documentación digitalizado de la FGR que llegó a disponer de varios miles de materiales en sus fondos, a los que se accedía en el órgano central por una red diseñada por sus especialistas. La posibilidad de consultar estos materiales con ayuda de varios clientes ligeros instalados en la sala de lectura incentivó la asistencia a la misma.
Por esta época se inició también la edición de boletines referativos de las publicaciones recién adquiridas por el Centro y de los boletines diarios de noticias de la prensa nacional y extranjera, que se hacían llegar por correo electrónico a los diferentes niveles. Además, en coordinación con el IDID, se sistematizó la publicación digitalizada de los denominados Cuadernos de Divulgación Jurídica sobre Criminalística, Droga y Corrupción.
Aunque con posterioridad su estructura y subordinación administrativa se modificaron por situaciones del órgano, deseo destacar que su proyección siguió siendo hasta el día de hoy la de sus inicios, o sea: procurar y facilitar la superación profesional y formación académica y cultural del personal de la Fiscalía General de la República, de las organizaciones e instituciones jurídicas del país y otras, así como a la investigación y desarrollo del Derecho.
