Cuando la guerra económica y la política de máxima presión del Gobierno de los Estados Unidos pretenden quebrar la capacidad de resistencia de nuestro pueblo y generarle todo tipo de sufrimiento, con un cerco energético que provoca desabastecimiento de combustibles e incrementa las contingencias en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), los órganos, organismos y demás instituciones del Estado y Gobierno cubanos realizan significativos esfuerzos para garantizar la economía y los servicios vitales a la población, en condiciones muy complejas.
En este contexto, constituye una prioridad el enfrentamiento al delito, con especial atención a los que afectan la generación y distribución eléctrica, junto al abasto de agua, las comunicaciones, el transporte y otros sectores, por su impacto en las condiciones de vida de los ciudadanos, en la economía, la seguridad nacional y el orden interior.
El Código Penal cubano, en sus artículos 125 y 126, establece sanciones entre 7 y 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte para el delito de Sabotaje.
En correspondencia con todo lo anterior, desde mayo de 2025 el Tribunal Supremo Popular acordó que constituyen el delito de Sabotaje los hechos vandálicos en virtud de los cuales sus comisores sustraen, dañan, alteren o perjudiquen entidades, componentes, partes y piezas destinados al sistema electroenergético, además de otros actos delictivos de similar naturaleza que menoscaban infraestructuras críticas, vitales para el desarrollo económico y social del país, los que generan un clima de inseguridad y malestar en la población y contravienen los esfuerzos realizados por el Estado y el Gobierno en este sentido.
Como resultado del enfrentamiento a los delitos contra el SEN, se han iniciado más de 460 investigaciones penales en el país entre 2025 y el primer semestre de 2026, principalmente por Sabotaje, Daños, Robo con Fuerza en las Cosas, Hurto y Receptación. Predomina en estos hechos la sustracción de aceite dieléctrico de diferentes tipos de transformadores, de angulares en torres de alta tensión, el corte y robo de cables, alambres y tornillos de la red de distribución eléctrica y afectaciones en Parques Solares Fotovoltaicos.
Particularmente, la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores registró más de 300 denuncias en este periodo en todas las provincias, con mayor incidencia en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa.
Entre las afectaciones provocadas están el impacto a miles de familias por tiempo prolongado, no solo al privarlos de electricidad, sino también de otros servicios vitales; la paralización de centros productivos fundamentales para el abastecimiento de alimentos, agua y las comunicaciones; daños a entidades de producción agropecuaria y la imposibilidad de recuperar una parte de los transformadores dañados.
Lamentablemente, en la comisión de algunos de estos hechos han perdido la vida sus autores mientras intentaban la sustracción, al estar energizadas las líneas.
En las investigaciones realizadas por los órganos especializados del Ministerio del Interior se ha podido establecer que estas actividades ilícitas se cometen principalmente en lugares de escaso tránsito, poca iluminación y falta de protección. Como destino del aceite sustraído se han determinado casos de comercialización en el mercado informal para su uso como combustibles.
La Fiscalía General de la República mantiene el rigor en el control de la investigación a los procesos penales iniciados por estos ilícitos, ha impuesto la medida cautelar de prisión provisional al 87% de los imputados presentados y solicitado sanciones severas, con el empleo de la calificación por delito de Sabotaje, atendiendo a la gravedad de los hechos, la afectación a la población y los daños ocasionados.
Pueden ser objeto de decomiso o confiscación los bienes utilizados o provenientes del delito como vehículos, maquinaria agrícola y otros.
Todas las personas juzgadas en 2026 por hechos ilícitos relacionados con el SEN han sido sancionadas por el delito de Sabotaje, con penas mayoritariamente entre 9 y 20 años de privación de libertad, lo que demuestra también el rigor en la actuación de los Tribunales de Justicia.
Actos nocivos como los expuestos agravan la difícil situación energética del país y afectan el esfuerzo que realizan el Estado y el Gobierno para revertirla. A la vez, nos convocan a continuar incrementando las acciones preventivas y de enfrentamiento, el control riguroso de lo establecido, a elevar la vigilancia por las entidades, las organizaciones y la población en cada comunidad.
Siendo consecuentes con nuestra misión de defender la legalidad socialista, y en cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes, reafirmamos que no habrá impunidad para quienes, en estas complejas circunstancias, afecten el bienestar de nuestro pueblo.
Fiscalía General de la República
