La reciente normativa cubana, representada por el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, busca transformar la atención a los menores consolidándolos como sujetos plenos de derechos. Este marco legal establece un sistema de protección integral que coordina a diversos actores institucionales para materializar las garantías constitucionales vigentes.
La Fiscalía General de la República desempeña un rol crucial en este esquema, supervisando el cumplimiento de las leyes y protegiendo a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad o desamparo.
El éxito de este modelo depende de una capacitación profunda de los juristas y del compromiso activo de las familias en la defensa de los menores. Así, se pretende actualizar los procedimientos internos del Estado para responder a las necesidades sociales contemporáneas.
