Como cada 28 de enero, Cuba celebró otro aniversario del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí. En este, su aniversario 173, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó la Ley 178/2025, ¨Código de la niñez, adolescencias y juventudes¨, el cual recoge el principio martiano de que ¨el niño debe ser visto, no como un proyecto, sino como un ser completo cuyos derechos deben ser garantizados en el presente, porque en sus manos se construye el futuro¨.
El texto no solo actualiza una normativa de 1978, sino que revoluciona por completo la concepción y la protección de los derechos de las generaciones más jóvenes en nuestro país.
Este instrumento legal, se erige como un marco integral que alinea la legislación nacional con los más altos estándares internacionales de derechos humanos, con un enfoque claro: reconocer a niñas, niños, adolescentes y jóvenes no como objetos de protección, sino como sujetos plenos de derecho, con voz propia y capacidades en evolución.
La columna vertebral de este Código se sustenta en principios rectores transformadores. Entre otros, consagra la igualdad y no discriminación, asegurando que todos, sin distinción, gocen de los mismos derechos. El interés superior del niño se convierte en la brújula obligatoria para cualquier decisión pública o privada que les afecte. Asimismo, introduce el concepto de autonomía progresiva, que permite a las niñas, niños y adolescentes ejercer sus derechos por sí mismos en la medida que desarrollen madurez y capacidad, y garantiza su participación efectiva, es decir, su derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta seriamente. Por último, establece el deber del Estado de brindar una protección integral que cubra todos los aspectos de su desarrollo.
El catálogo de derechos que el Código reconoce y garantiza, es amplio y detallado. Va más allá de los derechos básicos a la vida, la salud integral —incluyendo por primera vez de manera explícita la salud mental— y a una educación inclusiva y de calidad. Contempla derechos fundamentales para el mundo contemporáneo, como el derecho a la identidad y a conocer los orígenes, el derecho a un entorno digital seguro, y los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la información y la protección. También hace hincapié en el derecho a una vida familiar, priorizando que las niñas, niños y adolescentes, permanezcan con su familia de origen, y a una vida libre de violencia en todos los ámbitos.
Uno de los avances más significativos es la creación, de un Sistema de Protección Integral. Este sistema se articula a través de siete subsistemas especializados que abarcan desde la educación y la salud, hasta la protección social, la prevención temprana, un cuidado alternativo de calidad, y un modelo de justicia penal para adolescentes con un enfoque restaurativo, alejado del punitivo. Este entramado busca una respuesta coordinada del Estado ante cualquier situación de vulneración.
La inclusión es otra de las piedras angulares del texto, elevada a política de Estado. El Código prohíbe expresamente la discriminación por sexo, género u orientación sexual, establece derechos específicos para las personas con discapacidad —como el derecho a ajustes razonables—, y promueve el respeto a la diversidad cultural. También incluye garantías especiales para las niñas, niños y adolescentes en contextos de migración, asegurando su protección durante los movimientos familiares.
Este cuerpo legal no nace en el vacío, sino que se enraíza y desarrolla los mandatos de la Constitución de la República de 2019, que en sus artículos 86 y 87 reconoció por primera vez a NNA y jóvenes como sujetos de derechos y actores sociales estratégicos. Además, incorpora de forma directa el espíritu y las observaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Cuba en 1991, y se alinea con la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes 2023, documento estratégico que fue el resultado de consultar a más de 20,000 niños y adolescentes.
Precisamente, la legitimidad social del Código es uno de sus sellos distintivos. Su elaboración fue precedida por un proceso de consulta masiva sin precedentes en abril de 2025, que involucró a más de 800,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes pudieron expresar sus inquietudes y propuestas. A esto se sumaron meses de consulta con expertos nacionales, asegurando un texto técnicamente robusto y socialmente validado.
En la implementación de este marco histórico, la Fiscalía General de la República asume un papel protagónico. Con base en su misión constitucional, es la encargada de velar por el respeto a la legalidad, la protección efectiva de las personas menores de edad en riesgo y la garantía de que su participación en procesos judiciales y procedimientos administrativos sea una realidad, ejerciendo un control sobre el cumplimiento de la nueva normativa.
El nuevo Código de la niñez, adolescencias y juventudes, convoca al Estado, a las instituciones, a las familias, a las comunidades y, por supuesto, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es un compromiso colectivo para construir, desde hoy, un presente y un futuro donde cada joven cubano tenga garantizado su desarrollo pleno y su participación activa en la edificación de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Su éxito dependerá de que este compromiso se traduzca en acciones concretas y recursos sostenidos en los años venideros.
