En la agenda del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura –que sesionará este jueves– están previstos para consulta por los diputados tres proyectos de ley que se someterán a aprobación.
Se trata de los proyectos de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Reducción Excepcional del Actual Periodo de Duración del Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, así como el Presupuesto del Estado para 2026.
De ser aprobadas estas leyes, 2025 podría cerrar en materia legislativa con ocho leyes y 14 decretos-leyes ratificados, para un total de 22 normas jurídicas de rango superior. Esto forma parte del complejo, intenso y amplio proceso de actualización del ordenamiento jurídico nacional tras la entrada en vigor de la Constitución de la República el 10 de abril de 2019.
Desde esa fecha a la actualidad, se han aprobado 58 leyes y 130 decretos-leyes.
Previamente, dos de los proyectos estuvieron disponibles para consulta pública en el sitio web de la ANPP, como parte de las acciones para fortalecer la participación ciudadana en el proceso legislativo y ampliar el conocimiento de la población sobre las normas jurídicas que se analizan y perfeccionan en el país.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
El Proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación se presenta como una norma integral destinada a fortalecer el papel del conocimiento científico y tecnológico en el desarrollo económico y social del país.
Su propósito central es ordenar, promover y articular todas las actividades vinculadas a la investigación, la innovación y la transferencia de resultados, en coherencia con los principios constitucionales que reconocen a la ciencia como un pilar estratégico.
La propuesta define un marco actualizado para el funcionamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrando a instituciones científicas, universidades, empresas estatales y no estatales, gobiernos territoriales y otros actores sociales.
De este modo, se busca una mayor conexión entre la producción de conocimiento y las necesidades concretas de la economía, los servicios y la vida social. Uno de sus ejes principales es la prioridad al potencial humano, considerado el recurso fundamental para el desarrollo científico del país.
Prevé mecanismos para su formación, retención, reconocimiento y estímulo, con énfasis en las nuevas generaciones, la equidad de género y la inclusión de sectores tradicionalmente subrepresentados. Además, establece principios éticos claros para la actividad científica, en particular en áreas sensibles como la biotecnología, la ingeniería genética y la inteligencia artificial, subrayando la responsabilidad social de la ciencia y su contribución al bienestar colectivo.
Asimismo, reconoce el acceso al conocimiento como un derecho y promueve la ciencia abierta como bien común.
En el ámbito de la gestión, organiza los instrumentos de planificación, financiamiento y evaluación de la ciencia y la innovación, incluyendo la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y los programas y proyectos que la concretan, reforzando la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.
La propuesta impulsa la innovación empresarial, la creación de empresas de base tecnológica y el desarrollo de sectores de alta tecnología, con incentivos financieros y fiscales que favorecen la sustitución de importaciones, el incremento de exportaciones y la soberanía tecnológica.
De igual forma, reconoce la importancia de la inserción internacional de la ciencia cubana, la cooperación con otros países y la participación en redes globales de conocimiento, como vías para acceder a tecnologías avanzadas y posicionar los resultados científicos nacionales en el escenario internacional.
En palabras del ministro del Citma, Armando Rodríguez Batista, durante el espacio televisivo Mesa Redonda: «La ley es para incentivar, promover, para abrir oportunidades; estamos hablando de una ley de ciencia, tecnología e innovación y parte de la realización y de la base es la economía del conocimiento, que incluye a la empresa».
Esta propuesta tiene como objetivo establecer una diferencia de hasta un año entre la elección de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y la de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Además, se establece con carácter excepcional que el actual mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular sea de cuatro años y culmine en el mes de noviembre de 2026.
La norma ratifica el papel del Consejo de Estado como órgano encargado de convocar oficialmente las elecciones para la renovación periódica tanto de la ANPP como de las asambleas municipales, una atribución que se ejerce en correspondencia con lo dispuesto en la Constitución de la República.
PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2026
El Presupuesto del Estado se concibe como un instrumento clave para sostener las principales políticas sociales del país en un escenario económico particularmente complejo.
La planificación presupuestaria parte del reconocimiento de las limitaciones que enfrenta la economía nacional. Aun en ese contexto, el diseño prioriza el principio de justicia social y concentra los mayores esfuerzos en la protección de los servicios básicos que impactan directamente en la población.
Sectores como Educación, Salud Pública, Cultura, Deporte, Seguridad y Asistencia Social se mantienen como ejes centrales del gasto público, junto a los programas destinados a atender situaciones de vulnerabilidad en personas, hogares y comunidades.
La concepción del presupuesto reafirma la voluntad del Estado de no renunciar a sus compromisos sociales, incluso en condiciones adversas, y de sostener políticas orientadas a garantizar que ningún ciudadano quede desamparado.
Las proyecciones de ingresos y gastos se elaboran en correspondencia con los principios del Programa de Estabilización Macroeconómica y las directrices aprobadas para el Plan de la Economía, elementos que buscan respaldar la implementación de los lineamientos aprobados en el VIII Congreso del Partido y avanzar en los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
El presupuesto ratifica, además, el papel del sistema tributario como principal fuente de financiamiento del gasto público e incorpora acciones dirigidas a la reducción gradual del déficit fiscal, como parte de los esfuerzos por fortalecer el equilibrio financiero interno y asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La Ley del Presupuesto del Estado establece el marco para la planificación, ejecución y control de los recursos públicos durante el año fiscal, define prioridades de gasto y normas de gestión, y articula el respaldo financiero al Plan de la Economía, en función de enfrentar las complejas condiciones económicas del país sin renunciar a los principios de equidad y justicia social.
