En los minutos finales del programa, se abordaron las acciones del Grupo Jurídico en medio de las complejas circunstancias que atraviesa el país, especialmente en la etapa de recuperación.
La fiscal general Yamila Peña Ojeda explicó que el Órgano de Trabajo Jurídico del Consejo de Defensa Nacional, integrado por la Fiscalía, los tribunales y las dependencias del Ministerio de Justicia, cumple misiones esenciales. Estas se centran en la preservación de los recursos humanos e institucionales, así como en la adopción de medidas jurídicas que garanticen el orden, la justicia y el sentido humano en momentos de emergencia.
Desde la fase informativa, se emitieron indicaciones para revisar con precisión la situación de los trabajadores y los recursos materiales, especialmente en las provincias más afectadas. En esta etapa, se activaron los consejos de defensa en composición reducida, y se mantuvo una comunicación constante entre las estructuras provinciales, municipales y nacionales del sistema jurídico.
La Fiscalía General de la República orientó la revisión de procesos en curso, especialmente aquellos relacionados con hechos delictivos y medidas cautelares. Por su parte, el Tribunal Supremo adoptó el acuerdo 498, que permite suspender actos y términos judiciales mientras se restablece la normalidad. El Ministerio de Justicia también emitió precisiones para garantizar la continuidad de los servicios jurídicos a la población, priorizando la atención rápida y efectiva.
Se han evaluado afectaciones preliminares en sedes judiciales y oficinas fiscales, así como en las condiciones laborales de los trabajadores del sector. En territorios como Granma, se realizaron recorridos conjuntos entre fiscales y presidentes de tribunales para diagnosticar daños y restablecer servicios esenciales.
La reunión del Consejo de Defensa Nacional del 29 de octubre evidenció la magnitud del impacto del huracán Melisa, descrito por las presidentas de los consejos de defensa de Santiago y Granma como una noche larga y difícil. Sin embargo, como señaló la fiscal general, lo más complejo comienza ahora: la etapa de recuperación, que exige jornadas prolongadas, disciplina, unidad y responsabilidad institucional y ciudadana.
En este nuevo periodo, se activan comisiones de trámite para evaluar los hechos asociados al evento meteorológico. La veracidad y adaptación de la información, así como el control riguroso de los recursos que se movilizan por todo el país, son elementos clave. La experiencia acumulada en eventos anteriores guía las acciones actuales, con énfasis en la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos ciudadanos.
“El grupo jurídico del Consejo de Defensa Nacional reafirma su compromiso con la justicia, la protección de los recursos humanos y materiales, y la recuperación ordenada del país, en estrecha coordinación con todas las instituciones del sistema”, reafirmó Peña Ojeda.
“Uno de los temas más sensibles y prioritarios es el control riguroso de los recursos”. La fiscal general enfatizó que estos deben llegar efectivamente a las personas afectadas, y que es imprescindible verificar en el terreno que los procedimientos se cumplan sin perder la sensibilidad ni obstaculizar con trámites innecesarios. En este sentido, recordó el llamado del presidente del Consejo de Defensa Nacional a actuar con precisión, humanidad y sentido común, especialmente en un contexto donde muchos de los propios trabajadores del sistema jurídico también enfrentan afectaciones personales.
“El país realiza un esfuerzo extraordinario para garantizar la disponibilidad de recursos materiales, alimentos, medios de comunicación y servicios básicos. En este escenario, se activa un sistema logístico nacional bien estructurado, que requiere de una vigilancia constante desde el origen hasta la entrega final. La participación disciplinada y solidaria de la población ha sido clave, pero también se ha insistido en la necesidad del control popular para evitar desvíos, manipulaciones o usos indebidos de los recursos”.
La fiscal alertó sobre la importancia de impedir que materiales como tejas, madera o alimentos terminen en manos indebidas o sean objeto de reventa, lo cual no solo perjudica a los damnificados, sino a toda la ciudadanía. Por ello, se han reforzado las orientaciones a los fiscales y grupos jurídicos para actuar con firmeza ante posibles hechos delictivos. En este sentido, se han establecido precisiones de política penal con un enfoque de severidad, siempre dentro del marco del debido proceso.
Los recursos que se movilizan en esta etapa son diversos: alimentos, materiales de construcción, postes, cables, transformadores, entre otros. Se ha advertido sobre la necesidad de evitar sustracciones, daños o usos indebidos, tanto por parte de quienes tienen la responsabilidad de custodiar estos bienes como por individuos que intenten aprovecharse de la situación. La protección de estos recursos es esencial para garantizar una recuperación efectiva y equitativa.
Asimismo, se destacó la importancia de preservar la tranquilidad ciudadana, el orden y el respeto a las autoridades, en un momento en que aún persisten afectaciones en el sistema electroenergético y se requiere la cooperación de todos los actores sociales. La labor de las autoridades, en todos los niveles, ha sido constante y comprometida con el cumplimiento de los planes establecidos.
Finalmente, la fiscal general reconoció la unidad y disciplina del órgano de trabajo jurídico, destacando especialmente el papel de las jefas de los grupos jurídicos en las seis provincias más afectadas. Mujeres que, con ecuanimidad y precisión, han sabido equilibrar sus responsabilidades profesionales con las exigencias de la vida familiar, demostrando un compromiso ejemplar.
La misión del sistema jurídico en esta etapa es clara: garantizar la legalidad, proteger los recursos del pueblo y actuar con firmeza ante cualquier violación, siempre con apego a la ley y sensibilidad ante las circunstancias que vive la nación.
