Apelar a comparaciones de la vida cotidiana, buscar semejanzas entre fenómenos y procesos resulta un recurso válido para comprender ciertas realidades, ponerlas en contexto, y llevar un hilo conductor hasta el punto deseado.
Sobre todo porque hay temas que, vistos desde sus ámbitos más académicos o especializados, pueden parecernos ajenos o distantes; pero una mirada diferente puede demostrar cuán lejos se está a veces de la realidad.
Vale la aclaración porque, cuando hablamos de delito, de corrupción, de ilegalidades y de indisciplinas sociales, hay un protocolo universal que se ajusta como anillo al dedo, salvando las distancias: «la mejor medicina no es la que cura, sino la que precave».
Lo cierto es que, más allá de una voluntad política expresa que implica tolerancia cero a cualquiera de esos flagelos, más allá de una cultura de enfrentamiento diseñada no solo para quienes lo tienen como encargo social, está el deber de todos los que vivimos en esta sociedad y, como parte de ella, somos también responsables de mantenerla saludable.
No es privativo de Cuba ni constituye tampoco justificante, pero sí argumento comprobado, que las limitaciones económicas, las carencias materiales, las demandas crecientes frente a ofertas disminuidas constituyen un detonante natural de conductas delictivas. Por tanto, aunque estamos muy lejos de normalizarlo, no podemos obviar que nuestra realidad de país bloqueado y asediado por el imperio en cada frente, tenga una incidencia directa en la proliferación de conductas contrarias a los principios morales y éticos sobre los que se ha erigido esta sociedad.
Pero eso tampoco implica que dejemos de reconocer la parte que nos toca, las brechas que dejamos y que se convierten en puerta de entrada para peligrosas «infecciones» que atentan contra el orden, la estabilidad y la disciplina sociales.
Para hacer frente a esa realidad –que está muy lejos de ser el caos que con deliberada intención difunden las campañas anticubanas para vender una imagen de inseguridad e ingobernabilidad–, Cuba cuenta no solo con órganos estatales sólidos y comprometidos, sino que también apela a lo que debe convertirse en valiosa estrategia, cuyo funcionamiento consciente y sistemático está llamado a ser la primera línea del enfrentamiento: el control popular (entendido no solo como fiscalización de procesos, sino como observador con capacidad de alerta, de denuncia, de prevención).
Tras el triunfo revolucionario de 1959 y con los tristes antecedentes neocoloniales, el país, bajo el liderazgo indiscutible de Fidel, enfocó un claro camino de combate frente a todo tipo de males sociales. Una voluntad política devenida tradición inviolable que se sostiene y que hoy se fortalece, desde el respaldo constitucional a ese combate, pasando por el entramado legislativo y su aplicación rigurosa, hasta llegar, incluso, al compromiso ético y a la clara definición de responsabilidades sociales y administrativas.
Nadie pone en duda las fortalezas que representan la Contraloría General de la República, el Sistema de Tribunales Populares, la Fiscalía General de la República de Cuba, el Ministerio del Interior; cada uno con ámbitos de actuación bien definidos pero, a la vez, como parte de un sistema de enfrentamiento conjunto diseñado para detectar, responder en consecuencia, procesar, brindar seguimiento a las manifestaciones de delito, de corrupción, de ilegalidades y de indisciplinas sociales.
Lo hacen con una innegable altura ética, profesional y de principios, pero no son los únicos eslabones en la cadena de enfrentamiento. A ellos deben unirse los factores de la comunidad, principal espacio de detección y atención a posibles vulnerabilidades. Corresponde también ese combate a las organizaciones políticas y de masas, a los sindicatos y, por supuesto, a usted, a mí, a todos los que vivimos en esta tierra y sentimos por ella.
Siendo consecuentes con la línea comparativa que utilizamos al inicio de este artículo, vale destacar que, raras veces, una enfermedad estalla de forma grave sin antes haber mostrado síntomas que, por despreocupación o desconocimiento, pasamos por alto.
¿Qué camino previo recorre un joven antes de llegar frente a un tribunal, acusado de robo con fuerza, o de asesinato, o de tráfico de drogas? ¿Cuántas veces pudimos haber pasado por alto la oportunidad de alertarlo, de reeducarlo, de salvarlo? ¿Cuántos eslabones fallaron en su proceso formativo?
Cuando se hace público un caso de corrupción administrativa, cuando se comprueba el desvío de recursos en una entidad, cuando el daño económico es tal que ya no hay manera de ocultarlo. ¿Qué pasó con el control, interno primero, externo también? ¿Acaso nadie percibió ni alertó durante meses, a veces años, ninguna irregularidad que merecía ser investigada?
Pudieran ser diversos los ejemplos, pero detrás de cualquiera de ellos hay un factor común: la ausencia de mecanismos y de estrategias preventivas que pueden hacer la diferencia, atacando causas y condiciones, para no tener que actuar después, en modo control de daños.
EL PRECIO DE LO QUE PASAMOS POR ALTO
Entre las manifestaciones de estas conductas reprochables, la corrupción está entre las que más duramente nos golpea, no solo por la implicación material, económica y social que pueda llegar a tener, sino, sobre todo, por su impacto en la confiabilidad institucional, por el profundo daño que también significa en el plano ideológico.
¿Por qué? Porque constituye expresión de una conducta antiética en la que se degradan y se desconocen principios y valores morales, y porque tiene como centro a servidores públicos de diversas categorías. Los hechos de corrupción tienen incidencia directa sobre los colectivos laborales, dado que los recursos materiales y financieros sustraídos inciden también en los resultados productivos y en los ingresos.
Por su trascendencia y su negativo impacto en la vida económica y política, el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Corrupción, de la cual Cuba también es firmante, demostrando así su compromiso con erradicar lo que, a todas luces, constituye un lastre que sobrepasa las fronteras nacionales y que, generalmente, se vincula a otras manifestaciones delictivas.
Sin embargo, más allá de ese mecanismo internacional, es mucho lo que podemos hacer todavía, porque notables son las deudas que nos quedan con el control de los recursos, con la responsabilidad de todos en su protección, más allá de un cuadro centro o de un administrativo. Es vital que se sistematice, por ejemplo, la rendición de cuenta administrativa, en un ambiente propicio para la participación de los trabajadores en la gestión y el control de los recursos.
La indolencia y el desorden son, a la larga, los principales aliados de quienes buscan una brecha para lucrar con aquello que les fue confiado.
Nadie pudo definirlo mejor que el líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, cuando expresó: «…estoy convencido de que la corrupción es hoy uno de los principales enemigos de la Revolución, mucho más dañino que la actividad subversiva e injerencista del Gobierno de Estados Unidos…»
LA IMPRONTA DEL PRESENTE
En la medida en que cambian los tiempos, cambia también la manera en la que las personas asumen su realidad, e incluso la perspectiva de lo que se considera correcto o no. La modernidad nos ha arrastrado a un punto peligroso, en el que se tiende a naturalizar mucho de lo que, por los siglos de los siglos, ha sido y seguirá siendo incorrecto.
Sin embargo, no cae la justicia en esa trampa. Súmese a esa premisa que desconocer la ley no nos absuelve de culpabilidad. Por ende, al menos en Cuba, donde haya delito comprobado, donde exista culpabilidad, habrá rigor, todo el que se equipare al acto cometido. Eso, nadie lo duda.
Pero como tantas otras cosas, no puede ser este un asunto que se deje «en manos del Estado», porque cada uno de nosotros vive en esta sociedad, y aunque no todos aporten lo mucho y lo bueno que pudieran, sin excepción, reciben mucho de ella.
Por ende, de asumir la responsabilidad individual también en esta batalla dependerá, en gran medida, el éxito que en ella podamos tener, o los fracasos que nos acechen, porque muchas veces, por doloroso que sea, la negativa a denunciar, la complicidad o el mirar para otro lado hacen que sobrevivan no pocas de las conductas y de los hechos punibles mencionados aquí.
Si como pueblo exigimos ante el delito más acción, más resultados, seamos parte también de lo que exigimos. No abriguemos lo que repudiamos.
Las sociedades no enferman porque sí, lo hacen cuando su gente pierde el sentido de pertenencia para sostener impoluta la salud de su sociedad. En Cuba no cometeremos ese error, pero contra la corrupción, esta no es una premisa del mañana, del después; esta es la lucha del hoy, del ahora.
