El consumo y tráfico de drogas ilícitas y otras sustancias de efectos similares, constituye un fenómeno que afecta a las personas en particular e impacta en la vida familiar, la comunidad y la sociedad en general. Para extirpar este flagelo, del que no escapa ningún Estado, existen dos caminos: prevenir y enfrentar.
Desde ambas perspectivas existen disposiciones normativas por cuyo estricto cumplimiento la Fiscalía debe velar, por formar parte de sus objetivos de trabajo y, por ende, resulta consustancial al ejercicio de sus funciones, como regulan los artículos 11 y 12 de la Ley No. 160, “De la Fiscalía General de la República”.
Las complejidades e impactos del consumo y el tráfico de drogas ilícitas en Cuba han demandado el perfeccionamiento de mecanismos y métodos en el orden preventivo y la Fiscalía cubana ha contextualizado su papel con un enfoque integral e integrador.
Participar en las tareas de prevención del delito y adoptar las medidas necesarias a ese efecto, y particularmente las relacionadas con las drogas ilícitas, es una de las formas en las que el órgano se integra a la materialización de las políticas sociales, que se encaminan a la solución de las causas y condiciones que generan o propician conductas asociadas al consumo o tráfico de estas nocivas sustancias. En tan noble empeño la institución acompaña y se hace acompañar de otros órganos y organismos, tomando en cuenta que estamos ante un fenómeno multicausal que, en su abordaje y atención, requiere acciones oportunas y apropiadas para disminuir el riesgo, con el concurso de todos.
La concurrencia sistemática del órgano en los diferentes medios de comunicación y el intercambio presencial de los fiscales con los más diversos públicos, potenciando la niñez, adolescencia y juventudes, se han convertido en canales factibles para contribuir al desarrollo de la cultura y conciencia jurídica ciudadana en torno al tema, con el propósito de generar rechazo y alertar sobre los riesgos y consecuencias del consumo de drogas para la salud física y psicoemocional, para el bienestar familiar, laboral y social, así como en el ámbito jurídico cuando su enfrentamiento conlleva medidas coercitivas.
La protección a la familia y sectores vulnerables de la sociedad, implican para la Fiscalía una mirada profunda que permita, desde la cotidianidad en el cumplimiento de sus funciones en esta especialidad, detectar de forma precoz menores, adolescentes y jóvenes que están iniciándose en el consumo o que conviven en un medio que favorece estas conductas y posibilitar una intervención temprana de los factores que forman parte del sistema de prevención e incluso el de enfrentamiento.
Orientar a las familias e implicarlas es de vital importancia. Para ello la Fiscalía dirige su quehacer al fortalecimiento de los factores de protección y el ejercicio comprometido de la responsabilidad parental en correspondencia con el alcance establecido en el artículo 138 del Código de las Familias.
Lamentablemente las brechas en el terreno de la prevención, en no pocas ocasiones, conllevan a la intervención del derecho penal para corregir las trasgresiones, que por su lesividad social requieren ser sancionadas por la ley.
La Ley 151 de 2022 “Código Penal”, en su título IV, capítulo V, sección cuarta, aborda los delitos relacionados con las drogas ilícitas o sustancias de efectos similares, su contenido ratifica y robustece el combate, al contemplar con amplitud las conductas infractoras que integran esta tipicidad, de modo que no queden resquicios que puedan facilitar o hagan proliferar cualquier manifestación asociada a ellas.
Respecto a los procesos penales a los que dan lugar hechos de esa naturaleza, el fiscal como velador de la legalidad, controla y garantiza que se realice una investigación multilateral y objetiva, para que se esclarezcan los actos punibles y que quienes los hayan cometido sean acusados y reciban una respuesta jurídico penal severa, como confirmación de la política de tolerancia cero a las drogas, que han mantenido el estado y el gobierno cubano.
Las investigaciones se enfocan en identificar a los suministradores, porque son precisamente los proveedores el mayor peligro y en ese marco del proceso penal también se identifican familias vulnerables y se dirigen acciones especialmente hacia los padres de menores de edad que muchas veces son utilizados para distribuir la droga o son tentados a consumirla.
Las medidas cautelares que se imponen a los responsables desde que se inician los procesos penales y las sanciones principales que interesa el fiscal al ejercer la acción penal ante los tribunales, conllevan severidad, e igual cualidad implican las sanciones accesorias, pudiendo incluso, mediante el comiso o confiscación, desposeer de la titularidad de determinados bienes a los participantes.
El fiscal en cumplimiento de su misión mantiene, en cada espacio de relación con el entorno o asunto sometido a su conocimiento, una observación reflexiva y profunda, de modo que pueda detectar o vislumbrar cualquier indicio que revele la necesidad de atender las problemáticas que componen caldo de cultivo para el consumo o el tráfico de drogas.
La presencia de estas sustancias y su proliferación, es un hecho ante el que no podemos quedar impasibles y como órgano que representa al Estado cubano, nos corresponde hacer valer su determinación de minimizar el fenómeno estableciendo y contendiendo las causas y condiciones que lo generan.
La prevención y el enfrentamiento a las drogas ilícitas, no riñen entre sí, pero requieren equilibrio, y la Fiscalía General de la República de Cuba ha sabido combinar, en el cumplimiento de su misión, estrategias y acciones en ambos sentidos. Juega un papel movilizador en el actual escenario, en aras de elevar la percepción del riesgo, de involucrar a la familia en la detección y prevención, de difundir la voluntad política de luchar a sangre y fuego contra esa amenaza convertida en un desafío, que es impostergable afrontar de manera resuelta.
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