Evitar, con decisiones certeras, las conductas delictivas y ejecutar acciones de control con efectividad, para así penalizar delitos como la evasión fiscal y otros que atentan contra el desarrollo y la seguridad del país, son algunas de las prioridades de la Fiscalía General de la República (FGR), expresó Yamila Peña Ojeda, fiscal general.
En la reunión de trabajo anual de la entidad, encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expuso que, al cierre de 2024, se había sancionado el 96 % de los imputados que presentaron a los tribunales.
Peña Ojeda añadió que, con la reforma procesal penal, la Fiscalía asumió mayor responsabilidad y protagonismo en la fase investigativa, lo cual exige acciones organizativas, metodológicas y de capacitación, para contribuir a la preparación conjunta con los investigadores.
En la reunión, en la que también estuvieron los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro; y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido; el también integrante del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, recalcó que el quehacer de la FGR es implementar medidas que permitan contener y revertir la situación actual, así como elevar la calidad del ejercicio de acción penal pública, y diversificar la gestión de los recursos humanos.
Indicó que debe prevalecer la constante preocupación por la ocurrencia de actos de corrupción que laceran a la sociedad cubana y generan desconfianza entre la población, y eso, insistió, se logra solo con la estricta observancia de que todo lo que está escrito por Ley tenga peso real, con consecuencias ejemplarizantes para los infractores.
Ante ello, Peña Ojeda manifestó que las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, dirigidas a la prevención y reducción del delito y otras ilegalidades, requirió de precisiones de política penal y penitenciaria.
En ese sentido, se impuso la medida de prisión provisional al 74 % de los imputados presentados por los órganos de investigación del Ministerio del Interior (Minint), y en números superiores se dispuso en hechos de drogas, muerte violenta de mujeres por razones de género, los casos asociados a la corrupción, combustible, los que afectaron la masa ganadera y el Sistema Eléctrico Nacional, entre otros.
Al referirse al control en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, la Fiscal General dijo que se consolidan la atención y tramitación de quejas, peticiones y denuncias de las personas, con énfasis en las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, menores de edad, mujeres, denuncias por violencia de género y en el escenario familiar, y por hechos asociados a la corrupción.
Sobre las violaciones de la legalidad, se iniciaron 104 procesos penales por delitos de malversación, falsificación de documentos, uso indebido de recursos financieros y materiales, además del incumplimiento del deber por preservar bienes en entidades económicas, enfatizó.
Sin embargo, se identifican insuficiencias que impactan en la calidad de la misión del órgano, las cuales son prioridades para el presente año.
Al respecto, Peña Ojeda puntualizó que se debe actuar con rigor en la política penitenciaria, y comprobar en las entidades empleadoras el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los sancionados.
