Derivadas de las iniciativas de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General adoptó la Resolución A/RES/45/106, en la cual, entre otros puntos, designaba el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, al advertir el rápido avance del envejecimiento poblacional a nivel mundial y la necesidad de que existieran una base y un marco comunes para la protección y promoción de los derechos de este grupo etario, reconociendo el valor de las personas adultas mayores para la sociedad, la contribución de estos al desarrollo humano y económico, sin dejar de resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico.
Con este suceso se buscaba otorgar la prioridad que amerita el envejecimiento poblacional en los debates nacionales e internacionales, y posicionar la protección de los derechos humanos de los adultos mayores en el centro de las respuestas de los Estados a un fenómeno que se ha ido erigiendo como una de las transformaciones sociales más importantes del Siglo XXI, con repercusión en todas las extensiones de la vida humana.
Con la celebración de esta fecha se favorece la toma de conciencia sobre la prolongación de la vida, la necesidad de lograr sociedades inclusivas, integradoras y justas para el pleno desarrollo y ejercicio de sus derechos; se nos cita para reflexionar sobre la importancia de desarrollar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de este segmento poblacional y sensibilizar a todos sobre la importancia de erradicar su discriminación.
En este día se nos ofrece no solo la oportunidad de rendir homenaje a esos seres especiales de nuestras vidas que son los adultos mayores, sino también se nos convoca a comprender que las personas adultas mayores, son titulares de derechos y obligaciones conforme con la noción de derechos humanos y que, en relación con sus Estados, se les reconocen derechos irrenunciables, que requieren un tratamiento y atención diferenciada en virtud de sus propias características y las situaciones de vulnerabilidad o dependencia a las que pueden estar sometidos.
No podemos por ningún motivo olvidar que nuestro mundo envejece aceleradamente y las personas adultas mayores constituyen nuestras raíces y desempeñan un rol cada vez más importante en las sociedades, trasmitiendo experiencias y conocimientos invaluables a las nuevas generaciones, en el ámbito familiar, laboral y social, como miembros con derecho a la participación, integración e inclusión social.
Cuba, en correspondencia con la dinámica demográfica, se ubica entre los países con un estado de envejecimiento avanzado, que crece aceleradamente imponiendo retos para las familias, el Estado y la sociedad, en lo órdenes político, socioeconómico y jurídico, de ahí que constituya un logro que nuestro ordenamiento jurídico, en la profunda reforma legislativa que se acomete, haya logrado introducir actualizaciones, modificaciones, ampliaciones y perfeccionamiento de figuras jurídicas encaminadas a procurar la protección de los derechos de las personas adultas mayores, de modo que podamos enfrentar el fenómeno del envejecimiento con un enfoque garantista, humanista y de justicia social, incorporando a su contenido los derechos humanos de este segmento poblacional y su tutela. Los textos legales sustantivos y procesales aprobados como complemento de la Constitución de la República de 2019, así lo ponen en evidencia.
Para lograr un reconocimiento y protección plena del adulto mayor, es importante y necesario evolucionar en el pensamiento, romper esquemas, despojarnos del entorno gerontofóbico en el que en ocasiones se sumergen muchos y contribuir a la promoción y fortalecimiento de una cultura de solidaridad e inclusión social, de aprecio y respeto a la ancianidad, y de esta manera coadyuvar a la permanente edificación y continuidad del proyecto que constituye la Revolución Cubana, en un contexto de Derecho y Justicia Social. Nuestros ancianos lo merecen, porque ellos son parte esencial del basamento de nuestra historia
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