En la segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, donde fue aprobado el Proyecto de Ley de Comunicación Social, el pasado 25 de mayo de 2023, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al referirse a la legislación, señaló “La Ley, como aquí se ha expresado, representa un primer paso en el proceso de regulación y organización del Sistema de Comunicación Social en Cuba, y así debe ser entendida”.
Enfatizó más adelante, que aunque los objetivos declarados y la redacción de los artículos de la disposición tienen un enfoque necesariamente regulatorio, su mayor valor radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la Comunicación para el desarrollo del país. Se trata del diseño de un marco de posibilidades del Sistema de Comunicación Social, concebido como uno de los pilares de la Gestión de Gobierno.
Los expertos y profesionales en general, quienes tuvieron a su cargo la redacción del texto legal, reconocen que la disposición tiene límites, porque debe lograr articular las áreas del conocimiento y la práctica profesional asociada a la Comunicación en Cuba. La nueva Ley aporta una visión más integral de lo que es la Comunicación, al incluir aspectos relacionados con la Comunicación organizacional y comunitaria, y no solo la mediática o la asociada a la prensa.
El mandatario cubano, en otro momento de su intervención precisó “Si la norma tiene límites, y los tiene, es porque reconoce y expresa el estado actual de las áreas del conocimiento y la práctica profesional asociada a la Comunicación en Cuba”.
“Uno de los grandes desafíos que nos impone ahora mismo la esta Ley, se deriva de las concepciones, visiones e interpretación de la Comunicación en el ámbito digital y su integración con el resto del Sistema, por la complejidad de un escenario que evoluciona a una velocidad sin precedentes, tal como habíamos comentado antes”, enfatizó.
En la Ley de Comunicación Social se reconoce el derecho a la información, la importancia del control popular y las rendiciones de cuentas como forma de transparentar la gestión. Establece las relaciones con las fuentes y la necesidad de rechazar claramente la morosidad como práctica institucional a la hora de ofrecer información, que de incumplirse se establece un marco sancionador.
Reconoce que la información que soporta los procesos comunicacionales ha de ser veraz, objetiva, oportuna, actualizada, verificada y comprensible, como principios básicos.
La nueva legislación, aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular, permitirá superar los vacíos y vencer las inercias institucionales. Los servidores públicos ante una situación determinada que esté impactando negativamente en la población, refrenda la norma, están obligados a informar de inmediato, desde todos los espacios posibles.
Entonces, le tocará a nuestra prensa local, provincial y nacional contar primero y responsablemente, cada información sensible para nuestro pueblo.
Estamos ante una Ley de Comunicación Social, que impone grandes retos y metas, no solo para los gestores de la comunicación, sino para la población cubana en general, por lo cual el Presidente de la República, señaló “Hablo de la necesidad imperiosa de dotar a la población de conocimientos, capacidades y herramientas para una comprensión y valoración crítica de las lógicas de funcionamiento de los medios, además de potenciar y facilitar el acceso a ellos y a las tecnologías de la información y las comunicaciones”.
Por lo que se impone regresar a estas páginas digitales con otras novedades y aspectos de la Ley de Comunicación Social.
