La nueva Ley de Ejecución Penal junto al Código Penal y la ley de Los Tribunales Populares modifica el sistema de justicia penal y lo ajusta a los principios de la Constitución vigente.
Esta ley da solución a aspectos asociados a derechos y garantías esenciales de las personas, y a la necesidad de prever un tratamiento diferenciado a quienes concurren en condiciones especiales, como la presencia de alguna situación de discapacidad o enfermedad, o tener menos de 18 años.
Su objetivo principal es la resocialización del sancionado a través de un tratamiento particularizado e integrado, en la que intervienen diversos actores sociales, y donde se realza la responsabilidad del Estado en la labor de atención, prevención y asistencia social.
Hoy compartimos nuestro espacio con la fiscal Marleidys Bauta Gómez, de la Dirección de Control de la Legalidad en los Establecimientos Penitenciarios quien nos comentará las generalidades de esta nueva normativa.
